Guanyar Alcoi quiere forzar a Antonio Francés a dejar clara su postura respecto a las posibles responsabilidades del gobierno de Jorge Sedano.

Dentro de las cuestiones a realizar en Comisiones Informativas, van a preguntar al Gobierno Municipal si tienen previsto impulsar que el Ayuntamiento se sume a la querella presentada contra Enrique Ortiz, para que se amplíe a los gobernantes que aprobaron el sobrecoste “cometiendo posible delito contable”.

La querella que presentó la Fiscalía contra la empresa constructora afectaba únicamente a un delito de estafa. El juez ha admitido a trámite dicha querella y ha imputado al responsable de la empresa. De manera paralela el exportavoz de UPyD, David Sabido, presentó una solicitud de ampliación a este procedimiento para que investigara las irregularidades cometidas por la Junta de Gobierno que aprobó el pago del sobrecoste.

El juez del Juzgado número 2 de Alcoy, Javier Santolaria, ha admitido a trámite la querella y solicitó a Sabido que confirmara su personación en el proceso. David Sabido ha renunciado a continuar con la acusación particular, al no pertenecer ya a la formación magenta. En las diligencias previas, Santolaria no descarta abrir investigación a los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó, en despacho extraordinario y sin el beneplácito de la Intervención Municipal, el pago a la empresa de Ortiz.

DESDE 2008

Siguiendo el hilo de las explicaciones que David Sabido ha ido contando en los artículos de opinión que ha publicado Página 66, las irregularidades se remontan a diciembre de 2008.

 

La Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2008 aprobó la solicitud de reconocimiento de deuda a Ortiz por valor de 2.141.000 euros. Este trámite se realizó como despacho extraordinario sin aparecer en el Orden del Día y con el informe negativo de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento, pese a lo que el gobierno de Sedano la aprobó.

 

Una vez estuvo Antonio Francés instalado en Alcaldía, pidió una auditoría. La investigación determinó que más de la mitad de esa deuda reconocida, 1.200.000 euros, respondían a obras no realizadas y precios fuera de mercado. La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, anunció un contencioso administrativo contra Ortiz. En ningún caso Francés y Zamorano incluyeron a los responsables del gobierno anterior en los juicios interpuestos.

 

Este movimiento jurídico propició que los peritos judiciales de la Audiencia tomaran cartas en el asunto y determinaran que 1.070.000 euros correspondían a sobrecostes, cantidad similar a la que previamente había determinado el Gobierno alcoyano. En este momento, el Ayuntamiento interpuso un pleito contra Ortiz, pero por considerar incorrecto el abono que en 2009 se le había hecho a Ortiz, sin incluir el fondo del acuerdo inicial de la Junta de Gobierno de Sedano.

 

La clave, para David Sabido, está en la naturaleza de la demanda. Se realizó, sin incluir la responsabilidad de la decisión del exalcalde, por vía administrativa y no penal. Los hechos administrativos prescriben a los cuatro años, mientas que un delito penal se puede juzgar hasta diez años después. El juicio lo gana Ortiz porque, según Sabido, solo se juzgó a quien cobró y no a quien pagó. El pago de las costas a las que fue condenado el Ayuntamiento ascenderían a 60.000 euros.

 

El siguiente capítulo lo escribe la Sindicatura de Cuentas, que en su informe desde 2012 a 2014 incluye una advertencia sobre la posibilidad de que el gobierno de Sedano podría haber vulnerado la Ley de Contratos Públicos cuando en la Junta de Gobierno del 22 de diciembre de 2008 reconoció la deuda.

 

Tras este informe, la Fiscalía reacciona denunciando a Ortiz y al arquitecto de la obra por los sobrecostes, obviando el centro del informe de la Sindicatura. Aunque Francés anunció que denunciaría por la vía penal a Ortiz y que incluiría al anterior alcalde, aunque lo que hizo fue sumarse al proceso de Fiscalía. Es en ese momento cuando David Sabido solicita al fiscal que amplíe la querella al exalcalde Jorge Sedano y a los responsables del Gobierno Municipal que intervinieron en la decisión de reconocer la deuda a la empresa constructora del teatro Calderón.

 

Ahora Sabido ha renunciado y Guanyar pregunta al Gobierno Municipal si se va a personar. Independientemente de la aclaración de responsabilidades, que serían penales, la diferencia económica entre uno y otro proceso podría suponer un millón de euros para el Ayuntamiento, ya que en el caso de estafa solamente se habla de una parte del pago y en la ampliación podría incluirse la factura completa.