Guanyar Alcoi y Compromís no cesan en sus dudas y advertencias sobre el proceso que el Gobierno está llevando a cabo para el nuevo contrato de la recogida de basura y limpieza viaria.

Si primero denunciaban que la empresa elegida para el estudio previo, la catalana Lovic, coincidía con concesiones a FCC en muchos casos, y después decían que el concejal Jordi Martínez faltaba a la verdad, ahora tras tener el contrato en sus manos aún han acumulado más dudas.

Por ejemplo, el portavoz de Compromís, David Abad, ha explicado que “cuando por fin hemos tenido acceso a la consulta del expediente hemos detectado nuevas irregularidades, que nos llevan a pensar que no es un proceso limpio”.

Así los dos grupos han pedido al Gobierno que suspenda el proceso y que convoque un concurso público, transparente y con la participación ciudadana y con trabajo de campo.

Las dudas en esta ocasión vienen dadas por dos aspectos. El primero de ellos es que si bien el presupuesto es de 16.509 euros, cantidad inferior a 18.000 euros, que es la cantidad máxima para un contrato menor, hay una serie de trabajos complementarios que hacen que la factura acabe superando esos 18.000 euros por lo que ya no sería un contrato menor, por lo que ya sería necesario un concurso público”.

La otra regularidad ha venido al consultar el expediente, del que no han podido hacer copias. Y es que en el mismo hay un correo electrónico que data del 11 de diciembre del técnico municipal pidiendo presupuestos a las tres empresas, una de las cuales ni lo presentó. La empresa ganadora remite una documentación el 18 de diciembre en la que en su portada pone claramente septiembre de 2015, meses antes de que se pidieran estos presupuestos.

Por ello, el concejal de Guanyar Alcoi, Cristian Santiago, ha apuntado la necesidad de “iniciar un concurso que acabe con todas estas dudas. Tenemos muchos datos que nos hacen pensar que estamos delante de un encargo a medida, son ya muchos factores casuales que hemos ido denunciando.  Además el concejal Martínez dijo que FCC tenía el servicio del 75% de las ciudades catalanas cuando en realidad es del 30%. Todo son dudas, cada vez más, y nosotros queremos un proceso limpio para el contrato más importante de la legislatura y que lleva cerca de cuatro años caducado”.