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Redacción
Lunes, 17 de julio de 2017
BACHILLERATO

El TSJ suspende cautelarmente la eliminación del Bachillerato a La Salle

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La oferta pública ha dejado sin plaza a cerca de 40 alumnos en las listas provisionales de Alcoy.

Alrededor de cuarenta alumnos han quedado sin plaza asignada en las listas provisionales para el primer curso de Bachillerato.

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Las plazas existentes de bachillerato que ofrecen Pare Vitoria, Cotes Baixes, Andreu Sempere, San Roque y La Salle han sido insuficientes para cubrir la demanda en Alcoy, una vez que Conselleria de Educación retiró el concierto para una de las dos aulas de este último centro educativo.

 

“Creemos que si se hubiera mantenido la unidad al Colegio La Salle hubiera habido oferta suficiente en la ciudad”, ha declarado el director general de La Salle, Marc Segura, al tiempo que ha recordado que la justificación de Conselleria para eliminar una línea era, precisamente, la existencia de oferta pública suficiente, por lo que consideraban que no era necesario recurrir al concierto con un centro no público.

 

El próximo miércoles 19 saldrán los listados definitivos, con lo que se conocerá con exactitud la cifra y la decisión de la administración educativa respecto a estos alumnos. “En todo caso, la supresión de la unidad ha hecho que un mayor número de alumnos no haya podido acceder al centro seleccionado como primera opción, lo que incrementa el descontento de todas esas familias”, ha explicado Segura, para el que la situación demuestra que la decisión de eliminar un bachillerato en La Salle se ha llevado a cabo sin un estudio serio de los datos de escolarización.

 

De manera paralela, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dictado resolución que suspende cautelarmente la decisión de Conselleria sobre el bachillerato eliminado en La Salle. Ahora, la administración autonómica tendrá cinco días para interponer recurso. En todo caso, la aplicación de esta decisión del TSJ es compleja, ya que el acuerdo del Tribunal exige al colegio que “presten caución”, es decir, que depositen una cantidad o aval que pudiera cubrir costas de una sentencia definitiva que fuera desfavorable para el centro educativo. Es probable que dicha cantidad rondara el medio millón de euros, lo que hace difícil el cumplimiento de la resolución del TSJ.

 

 

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