El informe saca los colores a las instalaciones ubicadas en la plaza Al-Azraq. [caption id="attachment_70978" align="aligncenter" width="598"] UGT en Alcoy[/caption] El informe realizado por un inspector de trabajo sobre las actuales dependencias de los juzgados obliga a la Conselleria de Gobernación y Justicia a realizar una serie de reformas o trasladar los Juzgados al nuevo edificio ubicado en Verge Maria en un plazo máximo de tres meses. Así lo ha hecho público el responsable de UGT en Justicia de la provincia de Alicante, Juan Pedro Pelegrín, quién además ha desglosado el informe realizado por la Inspección de Trabajo donde se describe que las actuales dependencias ubicadas en la plaza Al-Azraq carecen de falta de seguridad estructural, control de las situaciones de emergencia, mantenimiento y señalización, instalaciones y servicios, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y material y local de primeros auxilios. Pelegrín ha asegurado que el conseller de Justicia, Serafín Castellano, "tiene mucha cara por venir a Alcoy y convertir su obligación en virtud. Serafín Catellano le está tomando el pelo a la ciudad desde hace 20 meses. Las instalaciones no tienen nombre. Están impresentables. Estamos pagando un alquiler cuando tenemos un edificio nuevo que estará obsoleto cuando vayamos a utilizarlo". El informe dictamina que sí no son subsanadas las deficiencias, la Generalitat deberá trasladarse a mediados del mes de mayo al nuevo edificio. LA PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA Otro de los temas tratados por Juan Pedro Pelegrín ha sido la privatización de la Justicia. Según el responsable de UGT, la privatización del Registro Civil llevará a que sus gestores, los registradores de la propiedad entre los que se encuentra, según Pelegrín. el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, dos de sus hermanos y la nuera de Alberto Ruiz Gallardón, se beneficien a costa del usuario. La decisión de privatizar la Justicia supondrá en el futuro el pago de tasas en gestiones que hoy en día son gratuitas. Las partidas de nacimiento, de matrimonio o defunción, entre otras, supondrán un coste entre 20 y 30 euros de media, mientras que el precio de los expedientes de matrimonio o minusvalía podrían dispararse. Según ha comentado Pelegrín, dichas tasas son injustas porque no responden al principio de proporcionalidad según la renta y porque fijan un precio totalmente desorbitado. Es por ello que desde UGT se solicita que no se privatice el servicio prestado por el Registro Civil y que continúe siendo gratuito el acceso al mismo con independencia de las gestiones que se realicen.