Guanyar Alcoi ha querido empezar por pedir al nuevo gobierno “que se tomen medidas urgentes con respecto a la vivienda, pues existe una necesidad igual de urgente de personas que están en riesgo de perder su derecho fundamental a una vivienda digna”.

Al igual que en otras ciudades se está trabajando para solucionar este problema, en Alcoy según Guanyar Alcoi, “no se asoman más que políticas subsidiarias e insuficientes como las que se están llevando a cabo los últimos años. Por ello es importante ponerse a trabajar pues se necesita la coordinación de diferentes concejalías y departamentos municipales. Hay casos que no puede esperar y el Ayuntamiento ha de dar una respuesta rápida y adecuada”.

La concejal Estefanía Blanes portavoz de Guanyar ha querido añadir que “más allá de estudios e informes, hay iniciativas que se pueden poner ya en marcha como actualizar el censo de viviendas municipales disponibles como soluciones habitacionales de emergencia o viviendas destinadas a alquiler social.

Según Blanes, “el gobierno desconoce con exactitud la situación de habitabilidad de estas viviendas respecto a sus propietarios, esto ayudar a conocer que recursos se tienen a disposición de las familias que pueden ser desahuciadas. Otra medida inmediata sería pedir a los bancos que operan con el Ayuntamiento para que cedan parte de sus viviendas para uso social. Se deben exigir a los bancos contrapartidas que beneficien a los más desavorecidos”.

Así en el próximo pleno Guanyar Alcoi tiene previsto presentar una moción al Pleno pidiendo precisamente que el gobierno trabaje para atender esta necesidad urgente y que abra un debate con el resto de fuerzas políticas para buscar soluciones efectivas a estos casos de emergencia.

Al mismo tiempo ellos tienen previsto presentar propuestas como la creación de un organismo de mediación para evitar desahucios, habilitar un protocolo municipal en caso de que se produzcan, como la existencia de un informe previo de servicios sociales y con el que buscar además alternativas habitacionales, renegociarse las condiciones de pago para que las familias siguiesen viviendo en su casa y medidas de presión con entidades financieras que acumulan impagos de impuestos y de gastos de comunidad”.