El diputado de Esquerra Unida del País Valencià en el Congreso, Ricardo Sixto, y la diputada provincial de EUPV por Alicante, Raquel Pérez, han preguntado a la Mesa del Congreso por el estado de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antifransfugismo.

En concreto ambos se han mostrado sorprendidos de que esta Comisión no ha celebrado ninguna reunión desde finales de 2010 y por ello han preguntado los motivos.

Sixto ha explicado que el 7 de julio de 1998 se firmó el denominado 'Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales', renovado en septiembre de 2000 y en mayo de 2006 y en la actualidad está olvidado.

Por su parte, la diputada provincial Raquel Pérez se ha centrado en el caso de la Diputación de Alicante. En concreto, ha comentado que "EU ya denunció el pasado 21 de junio el caso de Fernando Sepulcre, diputado y concejal de Ciudadanos que abandonó su partido convirtiéndose en un tránsfuga en aferrarse a sus dos actas como cargo público y apoyando al PP para conseguir la mayoría absoluta de los populares en la Diputación de Alicante y que César Sánchez se hiciera con la presidencia".

Izquierda Unida, además, ha llevado a un Pleno de la Diputación de Alicante el texto íntegro del pacto antitránsfugas firmado por PP, PSOE e IU, entre otros diez partidos, en 2006, moción que finalmente fue rechazada por los populares. "El PP se apoya en un tránsfuga para continuar con su mandato en la institución provincial y, por tanto, está vulnerando el pacto Antitransfuguismo, firmado por su propio partido, y dotándose de nula credibilidad en su acción de gobierno", ha afirmado Pérez.

"Dentro de los acuerdos de este código de conducta política en relación con el transfuguismo se especifica el compromiso de impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobiernos de las instituciones públicas ya no apoyar ninguna iniciativa que provenga de este ", ha añadido la diputada provincial.

Según este Pacto, la persona no adscrito no podría asistir a las juntas de portavoces, ni ostentar delegaciones genéricas o especiales, ni ser nombrado como representante de entidades dependientes de la Diputación, ni tampoco percibir asignación como grupo político, pues deja de representar a un partido.

"Sin embargo, el equipo de gobierno le mantiene la retribución y las asistencias a los organismos autónomos. De hecho, es el vicepresidente del Instituto Juan Gil-Albert", ha denunciado Raquel Pérez.

Ricardo Sixto ha apuntado que la Comisión de Seguimiento es el órgano encargado del control y seguimiento del cumplimiento de este pacto Antitransfuguismo y está integrada por un representante de cada una de las formaciones políticas firmadas del acuerdo.

Se acordó que esta Comisión celebrara dos reuniones ordinarias anuales, en los meses de julio y diciembre preferentemente, y reuniones extraordinarias cuando así lo acordara el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que preside la Comisión, a petición de cualquiera de los partidos firmantes.

Las funciones de esta Comisión son analizar las posibles situaciones de transfuguismo y tomar medidas encaminadas a aislar a los calificados como tránsfugas, como es el caso de la Diputación de Alicante. Sin embargo, desde la sesión celebrada en diciembre de 2010, la Comisión de Seguimiento no ha vuelto a reunirse.

"El transfuguismo es una forma más de corrupción puesto que lo que hace es alejar al representante de aquellos a los que representa, una cuestión contra la que debemos luchar todos los representantes públicos y los partidos políticos y una asignatura pendiente en el sistema democrático español ", ha concluido Sixto, "y por ello en  EUPV vamos a seguir reclamando que se convoque esta comisión para tratar de normalizar la situación y, si no se puede privar a un tránsfuga de su cargo, al menos que no tenga todos los derechos que tienen el resto de representantes ".