La realización del catálogo que enumera los proyectos del Gobierno Municipal en materia urbanística se está convirtiendo en tema de importante polémica política al borde de las vacaciones.

El Partido Popular ha preguntado en diversas Comisiones y Plenos sobre el tema, sin haber obtenido más respuesta que la excusa del olvido. “Al final pensamos que la única opción para conocer si realmente el procedimiento seguido es correcto ha sido presentar la información que disponíamos ante Fiscalía para que determinen si hay algún indicio de acción fuera de legalidad”, ha manifestado a Página 66 el concejal popular Nacho Palmer.

Por su parte, la portavoz de Guanyar Alcoi, Estefanía Blanes, reclama “que aclaren de una vez esta irregularidad porque el PSOE nos quiere hacer creer que es un tema sin demasiada importancia, pero la verdad es que quieren ocultar información y responsabilidad”.

Dos son las piedras angulares de esta contratación. Por un lado, que en el convenio de acuerdo entre la empresa JS España y el Ayuntamiento de Alcoy no aparecen los nombres de las personas que lo rubrican. Está la firma y los sellos de la empresa y Alcaldía, pero sin que se pueda saber quién es el responsable de la aceptación de las condiciones que se expresan. Para la oposición, este hecho incumple la Ley 39/2015, que exige la identificación de las partes intervinientes. El otro aspecto que ha llamado la atención a PP y a Guanyar es que el documento habla de obtener unos derechos de uso, que no están específicamente detallados.

El catálogo se ha realizado mediante un acuerdo en el que el Ayuntamiento ha cedido a la empresa un listado de proveedores a los que los editores de la revista han ofrecido insertar publicidad en el mismo. El precio del anuncio es de un mínimo de 860 euros, según aparece en el acuerdo de colaboración entre JS España y el Ayuntamiento de Alcoy, para una tirada que se estima en unos 2.500 ejemplares. Entre los anunciantes, buena parte de los mayores proveedores locales del Consistorio, desde constructoras a empresas controladoras de plagas, pasando por empresas de extintores o una radio. “Es muy difícil que una empresa que factura al Ayuntamiento diga que no a una publicidad en una situación así”, ha reflexionado Palmer.

El Gobierno ha afirmado que no ha habido contraprestación económica y que por ello no hay problema en esta contratación. Quienes opinan lo contrario afirman que el Ayuntamiento ha facilitado un beneficio a una empresa sin dar opción a otras, quizás locales. Sin embargo, la cuestión en la que Guanyar y PP ponen el acento en este sentido es en las posibles consecuencias. Entre las clausulas, aparece el compromiso para el Ayuntamiento de abonar 3.200 euros en concepto de daños y perjuicios si decidiera cancelar en proyecto, además de comprometerse a financiar la publicación si no se hubiese llegado a los anuncios necesarios.

Las posturas parecen inamovibles, especialmente ahora que el Gobierno prefiere no contestar a la oposición sus demandas de aclaración por estar el tema en manos de Fiscalía. Hay expectación política al respecto. No en vano hay antecedentes de problemas judiciales en situaciones análogas, como la de la concejala de Fiestas de Torrevieja, África Celdrán, quien tuvo que dimitir al ser investigada por un acuerdo similar para la edición del programa de fiestas de la localidad.