El SPPLB, el STAS, el CSIF y el SIPOL han emitido un comunicado conjunto sobre la situación de la Policía Local de Alcoy que califican de dramática mientras que respecto a la actitud del gobierno municipal utilizan las palabras de "pasividad" previa o "actitudes dictatoriales" en la actualidad.

Según este comunicado, los sindicatos que representan a los policías locales han explicado que “tras varios años por parte de la Policía Local de paciencia, cautela y prudencia en las negociaciones de este colectivo con el gobierno local, aportando ideas criterios y opiniones para mejoras de este cuerpo policial, esta actitud no ha llevado a nada”.

A su vez han remarcado que “por una vez que se exige una negociación seria y real, es cuando se denota la verdadera cara de este Gobierno Municipal, de la realidad de lo poco que les importa el colectivo de los Policías locales de nuestra ciudad”.

Una de sus principales demandas es la falta de funcionarios policiales, “todo ello motivado por la pasividad y falta de gestión coherente durante años, en ir cubriendo las plazas vacantes en esta plantilla de la policía local” y que han calculado que son unos 26 puestos de trabajo, “esta falta de agentes, que se incrementa en la actualidad, ha producido un grave problema”.

Posteriormente dan datos de este problema “ante la negativa a realizar horas extras por parte del colectivo frente a esta situación, el gobierno local, en lugar de intentar llegar a acuerdo y dar soluciones ante las reivindicaciones de la Policía Local, lo único que se le ocurre, es proceder a realizar acciones dictatoriales, tales como la confección y redacción de decretos a los policías que están en sus días libres de servicio, por los que se les pretende obligar a la realización de servicios extraordinarios, sin el consentimiento del afectado, pese a que la legislación establece que estas horas extraordinarias son voluntarias”.

Por último, cierran este comunicado diciendo que se reservan “el derecho de llevar a efecto las actuaciones necesarias, administrativas o judiciales que los gabinetes jurídicos entiendan que pueden ser ilegitimas o ilegales”.