Además, el PSOE denuncia posible prevaricación del gobierno municipal. [caption id="attachment_15890" align="alignleft" width="300" caption="La empresa alcoyana Masegosa defiende su posición"][/caption] La controvertida decisión del gobierno municipal de adjudicar directamente a Subús el servicio de transporte universitario que venía realizando Masegosa genera novedades cada día. Diferentes explicaciones Si en un principio el concejal de Juventud, Jorge Gisbert, aseguró que se trataba de una cuestión provisional, hasta que se realizara el nuevo concurso, las reiteradas aclaraciones de la empresa alcoyana Masegosa sobre distintos términos normativos del transporte por carretera, han obligado al Ayuntamiento a justificar nuevas razones sobre su decisión, que no acaban de convencer ni a estudiantes ni a la oposición. Las declaraciones de distintos  concejales han explicado la contratación directa de distinta forma. De la decisión temporal se ha pasado al supuesto motivo legal por tener Subús la línea regular a Alicante y, por último, las razones medioambientales y de sostenibilidad a favor de la empresa de Alicante que expuso el concejal de Hacienda, Rafael Sanus. Pero quizás lo que más ha molestado a los responsables de Masegosa ha sido el comentario vertido por Rafael Sanus en el que, sin aportar datos ni conclusiones, se preguntaba sobre la posibilidad de que los usuarios de los viajes gratuitos que Masegosa realiza a la Universidad como medida de protesta no tuvieran cobertura legal en caso de accidente. Las aclaraciones de Masegosa Estas acusaciones han sido la causa principal de un nuevo comunicado de Masegosa en el que la empresa pone a disposición de los usuarios los certificados de las aseguradoras. Los responsables de Masegosa preguntan al gobierno municipal “¿cómo pueden dudar de esto, cuando ustedes están en posesión de todas nuestras pólizas?”, al tiempo que cuestionan “¿no revisan la documentación que las empresas les facilitan, antes de cada concurso?”. En el comunicado, además, explican que Subús tan sólo tiene permiso para realizar un viaje de ida y vuelta a Alicante, que debería haber presentado una serie de documentación 15 días antes de comenzar el transporte universitario y que va a ser complicado que se ofrezca un transporte universitario efectivo, ya que la flexibilidad necesaria es difícil de compatibilizar con el servicio regular. Estas razones llevan a los responsables de la empresa alcoyana a afirmar que la decisión del Ayuntamiento “sólo se puede explicar por una maniobra precipitada, interesada y alegal”. También el portavoz de grupo municipal socialista, Antonio Francés, duda de la actuación del gobierno municipal. Francés ha denunciado que los concejales del gobierno han podido cometer “un posible delito de prevaricación en la adjudicación del transporte universitario”. El delito de prevaricación implica que una autoridad dicte una resolución a sabiendas de que es injusta. Un posible delito de prevaricación Antonio Francés ha revelado que la Junta de Gobierno aprobó el contrato con Subús a pesar de que disponían de un informe jurídico que advertía que la adjudicación era ilegal. Francés ha indicado que el informe considera que el contrato es nulo de pleno derecho, ya que en el mismo no figuran los pliegos de cláusulas administrativas particulares ni las prescripciones técnicas y se advierte de la falta de criterios, procedimiento y documentación necesaria para la fiscalización de la adjudicación,  lo que viene a significar que no existe expediente de contratación. El portavoz socialista ha afirmado que “esta actuación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación tipificado en el Código Penal” y ha recordado que  “el Partido Popular ha vuelto a mentir a la ciudadanía, ya que afirmó que la adjudicación al Grupo Subús se realizó por motivos jurídicos cuando, precisamente, un informe jurídico ya advertía de su ilegalidad”.