Antonio Francés representará a la oposición en el jurado
[caption id="attachment_6789" align="alignleft" width="300" caption="La Rosaleda volverá a cambiar de imagen."]
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El Ayuntamiento de Alcoy ha recibido cinco proyectos para la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a la Rosaleda. Ayer lunes finalizaba el plazo para la presentación de los proyectos y cinco se han presentado de forma personal, podría llegar alguno más por correo.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy aprobó a primeros del pasado mes de febrero el pliego de prescripciones técnicas que había de regir el concurso de proyectos para adjudicar el contrato que elaborará el proyecto de ejecución y dirección de obras de la remodelación de La Rosaleda. A los concursantes se les pedía que garantizaran el cumplimiento de la Sentencia y demás normativa aplicable.
El Jurado del concurso se reunirá en un plazo máximo de 15 días para proceder a la valoración de los proyectos, aplicará los criterios de previstos en el pliego de condiciones según el cuál el importe de la ejecución de las obras podrá otorgar hasta 80 puntos y los de estética y funcionalidad hasta 20 puntos.
La Concejala de Urbanismo, Eugenia del Castillo ha aclarado que “a la hora de nombrar al Jurado Calificador, el Gobierno ha estimado oportuno invitar a los grupos de la oposición a formar parte del mismo designando ellos a un concejal para el nombramiento, habiendo acordado los tres grupos que sea Antonio Francés quien los represente, en cuanto a los tres arquitectos que lo componen, dos son arquitectos municipales y el tercero ha sido designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante”. También ha explicado que se invitó a los demandantes a formar parte de este Jurado calificador sin respuesta por su parte.
Respuesta de la Oposición
La oposición ha respondido a esta invitación a formar parte del jurado. En una rueda de prensa conjunta los portavoces de Eu-L’Entesa, Bloc y PSPV-PSOE, han explicado que aceptan esta propuesta pero han querido dejar claro que el estar presentes no significa estar de acuerdo.
Paco Agulló portavoz de Eu-L’Entesa, opina que les han llamado a falta de buenos ya que en ningún momento del proceso les han preguntado su opinión. Explica que el Gobierno Municipal trata de retrasar el proceso ya que han pasado 5 años desde la sentencia y ya podría estar finalizado. Sobre el pliego de condiciones se pregunta como las empresas que optan a realizar la reforma han podido hacer el proyecto sin la sentencia, ya que esta no estaba incluida de forma íntegra en el pliego y es la que marca las pautas a seguir. También ha mostrado su desacuerdo con las indemnizaciones a los afectados. El TSJ ha anulado la adjudicación, el diseño y el proyecto de ejecución de esta empresa adjudicataria. Además la Ley de Contratos de la Admnistración indica que los concesionarios de obras públicas deben responder de los daños que ocasiones y en este caso se le indemnizará a la empresa que ha ocasionado el problema. Agulló finalizó pidiendo responsabilidades políticas al gobierno municipal.
Paco Blay, portavoz del Bloc, recordó una cita “los jueces son los únicos que pueden parar los pies a los políticos”. Explicó que así ha sido en este caso. Opina que le ha faltado humildad al gobierno municipal y le ha sobrado arrogancia. Piensa que han intentado alargar el proceso con recursos y que hubiesen podido intentar el dialogo con los demandantes o al menos mostrar buenas intenciones en lugar de demonizar a la Colla Ecologista La Carrasca.
Antonio Francés portavoz del PSPV-PSOE, ha explicado que acepta formar parte del jurado por responsabilidad. Informa que la sentencia les firme desde hace 5 años, que ya es hora que el alcalde de la cara ante los ciudadanos y aplique la sentencia. Francés denuncia que el gobierno municipal ha puesto en marcha el proceso desde la sanción del TSJ a la concejala de Urbanismo, que anteriormente se estaba intentando demorar. El portavoz socialista ha recalcado que formar parte del jurado no significa asumir el resultado final ya que no está de acuerdo con lo realizado hasta ahora ni con los criterios que valoran en un 80% la parte económica.
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El Ayuntamiento de Alcoy ha recibido cinco proyectos para la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a la Rosaleda. Ayer lunes finalizaba el plazo para la presentación de los proyectos y cinco se han presentado de forma personal, podría llegar alguno más por correo.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy aprobó a primeros del pasado mes de febrero el pliego de prescripciones técnicas que había de regir el concurso de proyectos para adjudicar el contrato que elaborará el proyecto de ejecución y dirección de obras de la remodelación de La Rosaleda. A los concursantes se les pedía que garantizaran el cumplimiento de la Sentencia y demás normativa aplicable.
El Jurado del concurso se reunirá en un plazo máximo de 15 días para proceder a la valoración de los proyectos, aplicará los criterios de previstos en el pliego de condiciones según el cuál el importe de la ejecución de las obras podrá otorgar hasta 80 puntos y los de estética y funcionalidad hasta 20 puntos.
La Concejala de Urbanismo, Eugenia del Castillo ha aclarado que “a la hora de nombrar al Jurado Calificador, el Gobierno ha estimado oportuno invitar a los grupos de la oposición a formar parte del mismo designando ellos a un concejal para el nombramiento, habiendo acordado los tres grupos que sea Antonio Francés quien los represente, en cuanto a los tres arquitectos que lo componen, dos son arquitectos municipales y el tercero ha sido designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante”. También ha explicado que se invitó a los demandantes a formar parte de este Jurado calificador sin respuesta por su parte.
Respuesta de la Oposición
La oposición ha respondido a esta invitación a formar parte del jurado. En una rueda de prensa conjunta los portavoces de Eu-L’Entesa, Bloc y PSPV-PSOE, han explicado que aceptan esta propuesta pero han querido dejar claro que el estar presentes no significa estar de acuerdo.
Paco Agulló portavoz de Eu-L’Entesa, opina que les han llamado a falta de buenos ya que en ningún momento del proceso les han preguntado su opinión. Explica que el Gobierno Municipal trata de retrasar el proceso ya que han pasado 5 años desde la sentencia y ya podría estar finalizado. Sobre el pliego de condiciones se pregunta como las empresas que optan a realizar la reforma han podido hacer el proyecto sin la sentencia, ya que esta no estaba incluida de forma íntegra en el pliego y es la que marca las pautas a seguir. También ha mostrado su desacuerdo con las indemnizaciones a los afectados. El TSJ ha anulado la adjudicación, el diseño y el proyecto de ejecución de esta empresa adjudicataria. Además la Ley de Contratos de la Admnistración indica que los concesionarios de obras públicas deben responder de los daños que ocasiones y en este caso se le indemnizará a la empresa que ha ocasionado el problema. Agulló finalizó pidiendo responsabilidades políticas al gobierno municipal.
Paco Blay, portavoz del Bloc, recordó una cita “los jueces son los únicos que pueden parar los pies a los políticos”. Explicó que así ha sido en este caso. Opina que le ha faltado humildad al gobierno municipal y le ha sobrado arrogancia. Piensa que han intentado alargar el proceso con recursos y que hubiesen podido intentar el dialogo con los demandantes o al menos mostrar buenas intenciones en lugar de demonizar a la Colla Ecologista La Carrasca.
Antonio Francés portavoz del PSPV-PSOE, ha explicado que acepta formar parte del jurado por responsabilidad. Informa que la sentencia les firme desde hace 5 años, que ya es hora que el alcalde de la cara ante los ciudadanos y aplique la sentencia. Francés denuncia que el gobierno municipal ha puesto en marcha el proceso desde la sanción del TSJ a la concejala de Urbanismo, que anteriormente se estaba intentando demorar. El portavoz socialista ha recalcado que formar parte del jurado no significa asumir el resultado final ya que no está de acuerdo con lo realizado hasta ahora ni con los criterios que valoran en un 80% la parte económica.





















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