Le reclaman 3,4 millones de euros. 3,4 millones. Esta es la cantidad que Enrique Ortiz le exige al Ayuntamiento de Alcoy por la rescisión del contrato del Bulevar. En concreto, por daños y perjuicios. La empresa ha presentado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento y entiende que el acuerdo tomado por el Gobierno Municipal, el cual rescindió el contrato alegando deficiencias en el proyecto, es una manera de esconder un incumplimiento contractual. Tal y como informó pagina66.com en su día, las deficiencias en el proyecto no subsanadas se debían a viales, pavimento, saneamiento, alumbrado o zonas ajardinadas. Los técnicos del Ayuntamiento afirmaron en ese momento que el importe que hubiera supuesto incorporar lo que le faltaba al proyecto durante la realización de la obra sería del 31%. EL AYUNTAMIENTO RESPONDE A LA DEMANDA La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha afirmado para pagina66.com que están tranquilos en este aspecto y que la demanda de Ortiz era previsible después de que le incautaran los avales. La edil ha informado que el Ayuntamiento ha contestado a la demanda con informes técnicos y una auditoria  "Esta auditoria llega a la misma conclusión que el Consistorio. Los motivos de incumplimiento del proyecto son graves" ha declarado una Lorena Zamorano que ha apuntado que la resolución del Juzgado podría llegar en un par de años.

UN PROYECTO CONTROVERTIDO  La construcción de un vial que uniera la Zona Nord y Santa Rosa aprovechando la vía es un proyecto del que se empezó a hablar cuando José Sanus todavía era alcalde. La materialización del proyecto comenzó después y hay un tramo construido, entre la calle Tirant Lo Blanc y la calle La Salle. Esta primera fase contó con la férrea oposición de los vecinos, que vieron modificado el proyecto de la calle respecto al momento en el que compraron sus casas. Queda por materializar el segundo tramo, que llegue desde el Ensanche a Santa Rosa. Este vial, al que Francés ha significado como “positivo y necesario para la ciudad”, no consiguió la financiación de la Generalitat Valenciana. El gobierno de Sedano optó en 2008 por un proceso de licitación de obras que se acababa de aprobar. Este procedimiento de licitación público-privada, el llamado modelo alemán, consiste en que la empresa constructora realiza la obra y la financia. De esta forma, los ayuntamientos consiguen realizar la obra sin que esa deuda se sume al límite de financiación ‘oficial’ que tienen. Esta decisión contó desde el principio con la oposición del toda la oposición por un doble motivo. Por un lado, las dudas que generaba la empresa concesionaria, Enrique Ortiz e Hijos, implicada en diversos procedimientos irregulares ahora en proceso judicial. Por otro, la cantidad adeudada, que iba a suponer que el Ayuntamiento tuviera que desembolsar 1,5 millones de euros al año, una cuestión que ya se veía complicada. La obra iba a costar 12 millones de euros. El contratista, por su financiación, recibiría 11 millones de euros en concepto de intereses. Además, se contabilizaba 2 millones de euros anuales de mantenimiento. El proceso comenzó en abril de 2008. En 2010 se adjudicó la obra en abril y se firmó en junio. Se aprobó en Comisión con el voto negativo de la oposición. La Junta de Gobierno no llegó a aprobarlo. El contrato se anunció por un importe de 13 millones de euros, la cantidad de la obra. Poco después se conoció que en ese importe no estaban los intereses.