En el tardofranquismo, y también en los años posteriores, las leyes educativas eran implacables y discriminaban sin contemplaciones al alumnado: los buenos se dirigían a los Institutos de BUP, y los no tan buenos, a los Centros Nacionales de Formación Profesional. Incluso los nombres de los centros eran, suponemos, involuntariamente, discriminatorios y, con el paso del tiempo, muy lentamente se llegó a los actuales IES. Estos hechos  admiten poca discusión y, además, forman parte de la Historia de la Educación de la España contemporánea.

A comienzos de los años noventa del siglo XX, debido, en primer lugar, al elevado fracaso escolar ya existente entonces, fue necesaria una profunda reforma de las Enseñanzas Medias. Y también porque hasta ese momento los alumnos debían elegir prematuramente (a los 14 años) su futuro, por la injusta depreciación de la FP, por la existencia de un Bachillerato excesivamente teórico, por la enseñanza receptiva de ese momento, por los programas recargados y por la falta de tiempo para el ocio. Eso es lo que rezaban los trípticos informativos de aquellos días y, por tanto, no estoy fantaseando. Esa reforma,  que se venía gestando durante la década anterior, contó con  información sin precedentes hasta esas fechas y los centros que voluntariamente lo desearon tuvieron la posibilidad de experimentarla. Recordemos que muchos centros de BUP de aquellos momentos fueron reacios desde el inicio a esa reforma, se negaron a experimentarla y esperaron al imperativo legal para ponerla en práctica. (Me remito a los hechos sin entrar en otras valoraciones). La LOGSE de 1990 llevaba implícita la filosofía de la comprensividad que los laboristas británicos venían experimentando desde hacía veinte años y que pretendía garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, pero descuidaba la tarea de preparar bien a los mejores, lo cual repercutiría en la Universidad  y en la élite intelectual del futuro.

Ya se sabe que la educación de un país está siempre en manos de los gobiernos de turno, y que  oscila a expensas de los cambios que se originan en las urnas. Nada que objetar, por otra parte, a aquello que los ciudadanos demandan al ejercer libremente su voto. La cuestión es que antes de la llegada de la democracia los alumnos con necesidades educativas especiales —desmotivados y problemáticos, principalmente— estaban prácticamente desatendidos y se tuvo que esperar al primer Gobierno socialista, con el ministro de Educación José Mª Maravall al frente, para que se les prestara una atención adecuada con la organización de la Enseñanza Compensatoria.

Este tipo de enseñanza perseguía entre sus objetivos “la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos los alumnos, independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas, de procedencia y cultura; ofrecer respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado en situaciones personales, sociales, económicas y culturales desfavorecidas mediante el establecimiento de acciones de compensación educativa con la finalidad de facilitar la consecución de objetivos de enseñanza básica; atender adecuadamente al alumnado extranjero e implementar acciones de compensación educativa y social dirigidas a alumnos en desventaja,” etc.

Esta es la primera entrega de una serie de artículos que pretenden informar a profesores jóvenes y a padres y madres, de forma sucinta, el largo y tortuoso camino recorrido hasta llegar a la actual FP Básica, en un esfuerzo loable de los sistemas educativos por que ningún alumno quede rezagado, ofreciéndole, en cada momento, durante los últimos veinticinco años, diversas alternativas. Quede bien claro, no obstante, que cualquier parcela del conocimiento, por reducida que esta sea, no se regala; que  el conocimiento se adquiere, y para adquirirlo se requiere cierta dosis voluntad y algo de esfuerzo.