La incapacitación judicial es un proceso adoptado en interés exclusivo de la persona enferma, para de esta forma tutelar sus decisiones fundamentales en lo que se refiere a su esfera patrimonial y personal.

En las últimas décadas cada vez más frecuente encontrarnos en nuestro entorno familiar con personas ancianas que padecen alguna enfermedad que les supone una merma de sus facultades psíquicas, como por ejemplo el Alzheimer.

Cuando esto sucede, se debe afrontar la decisión de incapacitar judicialmente o no la persona que padece la enfermedad. En muchas ocasiones, se trata de una elección difícil, en la que los sentimientos afectivos juegan un importante papel.

No obstante, se debe considerar que la incapacitación judicial está prevista en nuestro ordenamiento jurídico como una medida de protección para el presunto incapacitado. Debemos tener en cuenta que a partir de la Sentencia de incapacitación, y según el alcance de la misma, el incapacitado no podrá, por ejemplo, enajenar bienes inmuebles.

El objetivo último de esta medida es proteger a la persona enferma, para de esta forma tutelar sus decisiones fundamentales en lo que se refiere a su esfera patrimonial, y también personal.

La declaración de incapacidad pueden promoverla el cónyuge, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. El Ministerio Fiscal promoverá la incapacitación si las personas citadas no existieran o no la hubieran solicitado.

Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal. Además, el juez examinará por sí mismo, es decir en persona, al presunto incapaz, y deberá oír a sus parientes más próximos.

La Sentencia que declare la incapacitación determinará los límites y extensión de ésta, así como el régimen de tutela a que haya de quedar sometido el incapacitado. El tribunal nombrará además a la persona, que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.

No obstante, la sentencia de incapacitación no impide que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida judicialmente.

En Togue's Legal Services estamos a disposición de toda aquella persona que quiera llevar a cabo el proceso de incapacitación de algún familiar. El asesoramiento que ofrecemos es clave para determinar si se debe efectuar el procedimiento y cuáles son los documentos y esquema a seguir para conseguir la incapacitación judicial de estas personas.