Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 la nación española inició un proceso de transición política que culminaría el 6 de diciembre de 1978 cuando el pueblo español, asumiendo su soberanía,  aprobó mediante referéndum nuestra actual Constitución. Este hecho histórico conocido como “La Transición” fue posible gracias a la voluntad de consenso no sólo del pueblo sino también, y fundamentalmente, de la clase política que así supo entenderlo y desarrollarlo. Y digo fundamentalmente la clase política no porque los políticos sean “más” que el pueblo sino porque sin políticos responsables no se puede caminar con buena orientación.

Hasta ese momento nuestra historia constitucional, que comenzó el 19 de marzo de 1812 con la aprobación por la Cortes de Cádiz de la primera Constitución de España, se había basado en mayorías parlamentarias más o menos amplias que siempre dejaban fuera del consenso constitucional a una parte importante de los representantes políticos y en consecuencia de la población. Es decir, nuestras anteriores constituciones fueron aprobadas por mayoría y, además, no fueron sometidas a referéndum. Por ejemplo, la Constitución de la II República fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por  una amplia mayoría de diputados de unas Cortes que sólo eligieron los hombres, no fue sometida a referéndum y las Cortes republicanas que surgieron de la elecciones de 1933 (las primeras elecciones generales en toda la historia de España realizadas por sufragio universal masculino y femenino) ya se plantearon su modificación; nada que ver con la actual Constitución, veamos.

Poco después de las elecciones generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional. Al parecer durante las primeras sesiones de la Comisión constitucional no hubo consenso, las ponencias se aprobaban por la mayoría gubernamental, así lo afirma Alfonso Guerra en una reciente entrevista concedida a RTVE en la que también explica cómo el 17 de mayo de 1978 llamó por teléfono a Fernando Abril Martorell y le dijo “vamos a repetir la triste historia constitucional de España” porque de seguir así nuestro país tendría una Constitución aprobada por mayoría y no por consenso y, en consecuencia, la primera propuesta del PSOE en las siguientes elecciones generales sería cambiar la Constitución; al cabo de dos días Fernando le llamó y quedaron para hablar. UCD y PSOE, Adolfo Suárez y Felipe González, entendieron que el consenso era necesario y a partir de esos momentos sus “lugartenientes”, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, lideraron las negociaciones de consenso a las que se sumaron las demás fuerzas políticas con la excepción de AP. Importante fue la incorporación del PCE de Santiago Carrillo y del nacionalismo catalán de Miquel Roca y Jordi Pujol.

El Congreso de los Diputados votó de forma nominal el Dictamen de la Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre el Proyecto de Constitución el 31 de octubre de 1978 con el siguiente resultado:  votos emitidos, 345, afirmativos, 325 (el 92’8%), en contra, 6 (5 de AP y 1 de EE) y abstenciones, 14 (7 del PNV, 3 de AP, 2 de UCD y 2 de Minoría catalana). Proyecto que posteriormente fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año, siendo aprobado por el 87,78 % de los votantes que representaba el 58,97 % del censo electoral. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones del consenso, la gran victoria del PSOE del 82, lo fue por un 48’44% de los votos emitidos que significaban el 37’7% del censo electoral. Además, todas las elecciones generales posteriores (1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011) han dado amplísimas mayorías a los partidos políticos que representan el consenso constitucional. Consenso que ha tenido una incorporación posterior (AP) y dos deserciones (PCE y nacionalistas catalanes). ¿Se puede pedir mayor legitimidad a un sistema? Hace décadas que la nación española (entendida como conjunto de ciudadanos) está ejerciendo su soberanía, eso que algunos ahora creen que han inventado y denominan “derecho a decidir”.

El fruto de todo este consenso ha sido extraordinario. Nunca España ha estado mejor, hemos disfrutado del periodo democrático más largo de toda nuestra historia, hemos desarrollado un estado de derecho aceptable y un estado social de los más avanzados del mundo, y todo ello básicamente en paz (nunca olvidaré a las víctimas del terrorismo). De los niveles de desarrollo alcanzados son ejemplo nuestra esperanza de vida que es de las más altas del planeta (más de 80 años), nuestra sanidad pública que sigue siendo la envidia de muchos países, nuestro sistema público de pensiones, nuestra red de colegios, institutos y universidades públicas y privadas, nuestras empresas líderes mundiales en energía, construcción, telecomunicaciones o transportes, nuestro incuestionable atractivo turístico con cerca de 70 millones de turistas anuales, nuestras ciudades (dignas para vivir), nuestros espacios protegidos (parques nacionales y naturales), nuestras leyes (matrimonio igualitario, dependencia,...), nuestros mayores (mejor atendidos que nunca), nuestros jóvenes (mejor preparados que nunca), nuestras infraestructuras (más y mejores que nunca), etc.

Todo esto, sobre la base de una extraordinaria riqueza histórica, recordemos que España es una de los estados más antiguos del mundo con más de cinco siglos de historia ininterrumpida y una de las primeras naciones contemporáneas constituida hace más de dos siglos.

Y, sin embargo, siendo cierto todo lo argumentado arriba, que lo es, la situación actual apunta hacia una crisis del sistema, ¿cómo es posible? Muy sencillo, nuestro sistema, ha tenido y tiene una serie de... “disfunciones”.