El PSOE ha salido al paso de la información que adelantó el jueves Página 66 sobre las preguntas que había preparado Guanyar Alcoi para forzar al alcalde Francés a posicionarse sobre las posibles responsabilidades de Jorge Sedano en los sobrecostes del Calderón.

La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha asegurado que “el PSOE es el único que ha actuado contra Ortiz”, aunque en sus declaraciones no ha entrado a responder  la cuestión concreta de Guanyar, que preguntaba si el Gobierno Municipal iba a sumarse a la querella del fiscal contra Ortiz para que incluyera a los gobernantes que aprobaron el pago de los sobrecostes.

“Nos tienen acostumbrados a gritar mucho pero trabajar poco”, se ha referido Zamorano sobre Guanyar, a la vez que ha achacado la pregunta de Guanyar “al estilo qie les caracteriza en las campañas electorales”.

Zamorano ha asegurado que el Ayuntamiento “inició sendos procedimientos con el objetivo de aclarar las posibles responsabilidades tanto del contratista Enrique Ortiz como del gobierno del PP que autorizó el sobrecoste del Teatro Calderón”.

Sobre la denuncia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por un posible delito de irregularidad contable del gobierno de Sedano y sobre la querella presentada por el Ayuntamiento contra Ortiz, la concejala de Régimen Jurídico ha recordado que el Ayuntamiento remitió la documentación requerida, que conectaba los dos procesos.

Por último, Lorena Zamorano ha recordado que jurídicamente el Ayuntamiento no tiene competencia para la convocatoria de las comisiones de Investigación sobre Ortiz y sobre el concierto de Serrat y Sabina aprobadas en Pleno, cuestión conocida que motivó el cambio de nombre de comisión de investigación a comisión especial o de estudio.

Zamorano ha afirmado que el Gobierno Municipal “está a la espera para que Guanyar y el resto de grupos de la oposición comuniquen las cuestiones que pretenden incluir en la comisión informativa especial”.

 

DESDE 2008

 

Siguiendo el hilo de las explicaciones que David Sabido ha ido contando en los artículos de opinión que ha publicado Página 66, las irregularidades se remontan a diciembre de 2008.

 

La Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2008 aprobó la solicitud de reconocimiento de deuda a Ortiz por valor de 2.141.000 euros. Este trámite se realizó como despacho extraordinario sin aparecer en el Orden del Día y con el informe negativo de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento, pese a lo que el gobierno de Sedano la aprobó.

 

Una vez estuvo Antonio Francés instalado en Alcaldía, pidió una auditoría. La investigación determinó que más de la mitad de esa deuda reconocida, 1.200.000 euros, respondían a obras no realizadas y precios fuera de mercado. La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, anunció un contencioso administrativo contra Ortiz. En ningún caso Francés y Zamorano incluyeron a los responsables del gobierno anterior en los juicios interpuestos.

 

Este movimiento jurídico propició que los peritos judiciales de la Audiencia tomaran cartas en el asunto y determinaran que 1.070.000 euros correspondían a sobrecostes, cantidad similar a la que previamente había determinado el Gobierno alcoyano. En este momento, el Ayuntamiento interpuso un pleito contra Ortiz, pero por considerar incorrecto el abono que en 2009 se le había hecho a Ortiz, sin incluir el fondo del acuerdo inicial de la Junta de Gobierno de Sedano.

 

La clave, para David Sabido, está en la naturaleza de la demanda. Se realizó, sin incluir la responsabilidad de la decisión del exalcalde, por vía administrativa y no penal. Los hechos administrativos prescriben a los cuatro años, mientas que un delito penal se puede juzgar hasta diez años después. El juicio lo gana Ortiz porque, según Sabido, solo se juzgó a quien cobró y no a quien pagó. El pago de las costas a las que fue condenado el Ayuntamiento ascenderían a 60.000 euros.

 

El siguiente capítulo lo escribe la Sindicatura de Cuentas, que en su informe desde 2012 a 2014 incluye una advertencia sobre la posibilidad de que el gobierno de Sedano podría haber vulnerado la Ley de Contratos Públicos cuando en la Junta de Gobierno del 22 de diciembre de 2008 reconoció la deuda.

 

Tras este informe, la Fiscalía reacciona denunciando a Ortiz y al arquitecto de la obra por los sobrecostes, obviando el centro del informe de la Sindicatura. Aunque Francés anunció que denunciaría por la vía penal a Ortiz y que incluiría al anterior alcalde, aunque lo que hizo fue sumarse al proceso de Fiscalía. Es en ese momento cuando David Sabido solicita al fiscal que amplíe la querella al exalcalde Jorge Sedano y a los responsables del Gobierno Municipal que intervinieron en la decisión de reconocer la deuda a la empresa constructora del teatro Calderón.

 

Ahora Sabido ha renunciado y Guanyar pregunta al Gobierno Municipal si se va a personar. Independientemente de la aclaración de responsabilidades, que serían penales, la diferencia económica entre uno y otro proceso podría suponer un millón de euros para el Ayuntamiento, ya que en el caso de estafa solamente se habla de una parte del pago y en la ampliación podría incluirse la factura completa.