Según ha comunicado el Ayuntamiento, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante ha desestimado la demanda de la UTE Enrique Ortiz e Hijos-Autobuses Playa de San Juan, que reclamaba al propio Ayuntamiento algo más de 1’2 millones de euros por el parking de La Rosaleda.

La concesionaria del parking de La Rosaleda había pedido esta cantidad en concepto de reequilibrio económico del contrato debido a las pérdidas acumuladas en los años de explotación. Esta demanda la basaban en la tolerancia del Ayuntamiento en permitir aparcamientos ilegales en la zona, el cambio de los accesos al aparcamiento y la apertura de nuevos aparcamientos públicos.

El Gobierno ha rebatido estas afirmaciones y ha explicado que ya se preveían pérdidas durante los once primeros años de explotación, asumidas por la mercantil, al tiempo que ha considerado que quienes concurren a un contrato público son conscientes de las normas y asumen el riesgo de lo que pudiera acontecer durante su vigencia.

Según la concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, “el juez ha considerado probado la falta de mantenimiento de las instalaciones por parte del concesionario y debido a este hecho toda una planta ha permanecido cerrada, causa directa de la merma de ingresos de la UTE, que en ningún caso cabe imputar a la administración local y menos servir de base para solicitar un reequilibro económico por parte de la empresa que ha incumplido sus obligaciones de mantenimiento”.

El pasado mes de abril otro juzgado ya dio la razón al Ayuntamiento por el expediente sancionador interpuesto a Ortiz e Hijos y Auplasa por la falta de mantenimiento del parking.