El Gabinete Jurídico del Ayuntamiento de Alcoy ha emitido el informe que solicitó Guanyar Alcoi en el Pleno del pasado 29 de febrero para aclarar la situación legal del edificio.

Según ha comunicado la portavoz de Guanyar Alcoy, Estefanía Blanes, “el informe arroja la conclusión jurídica que determina la imposibilidad de alquilar, enajenar o realizar cualquier tipo de negocio”, lo que elimina la posibilidad de que el Ayuntamiento reciba cualquier tipo de contraprestación por la cesión.

El informe concluye que solamente sería viable una cesión de titularidad y descarta que el acuerdo anunciado por el alcalde Antonio Francés y la consellera Gabriela Bravo sea viable. Durante la comparecencia de ambos se habló de la firma de un convenio que después el Gobierno Municipal ha negado que exista, más allá del acuerdo para hacerlo.

Las condiciones anunciadas consistían en un alquiler anual por un importe de 32.000 euros y un compromiso de plantear un acuerdo más amplio.

“En la actual situación jurídica del edificio, el convenio que se planteó es ilegal”, ha manifestado Blanes, quien ha recordado que la rehabilitación que pagó el Ayuntamiento se hizo fuera de las competencias municipales.

Para la portavoz de Guanyar Alcoi la única salida viable sería la de comenzar los trámites para declarar la nulidad del edificio con la intención de que se aclare si este inmueble se ha rehabilitado de forma irregular y, en ese caso, exigir responsabilidades a quienes han permitido que se construya y rehabilite sin competencias enterrando más de 5,3 millones de euros del erario público”.

UN CULEBRÓN DE 12 AÑOS

 

La ubicación de los juzgados en Alcoy es uno de los numerosos culebrones políticos que afectan a esta ciudad como lo son La Rosaleda, Serelles o el Teatre Calderón, entre otros muchos. En este caso nos remontamos a 2004 cuando empezó a hablarse del proyecto de traslado siendo Miguel Peralta conseller de Justicia.