Con el cambio legislativo en materia penal, el incumplimiento de las obligaciones familiares dejó de ser considerado falta, lo que afecta especialmente a los casos de separación y divorcio. Hasta dicha fecha era frecuente que los juzgados de instrucción resolviesen conflictos entre progenitores por incumplimientos del régimen de visitas de los hijos, comunicaciones y estancias, establecidos en un convenio judicialmente aprobado o en la sentencia de un juez.

Estos asuntos eran considerados faltas leves. Un progenitor denunciaba al otro en una Comisaría de la Policía Nacional, se iniciaba un procedimiento, sin abogado, que concluía en un juicio de faltas sin costas. El juez podía imponer una multa que o una sanción.

En Togue's Legal Services, explicamos que esta normativa cambió a partir de julio de 2015. Con la reforma del Código Penal esas faltas se despenalizaron y dejaron de ser objeto de denuncia. Si un padre o una madre incumplen el régimen de visitas de su hijo, que ha sido establecido por resolución judicial, deberá iniciar un procedimiento de ejecución ante el juzgado de familia que dictó la sentencia.

Necesitará un abogado y un procurador, y si pierde deberá asumir las costas del juicio. Si el juez decide sancionar al denunciado, este pagará las costas y puede requerirle para que cumpla la sentencia bajo apercibimiento de sanción económica o incluso retirada de la custodia.

El nuevo Código Penal no afecta al impago de la pensión de alimentos a los hijos que sigue siendo considerado un delito de abandono de familia y, por tanto, se puede denunciar por vía penal. Está sancionado con pena de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 24 meses.

En Togue's Legal Services, recomendamos asesorarse jurídicamente si la pensión de alimentos no se está pagando por la parte que está obligada a ello, ya que el abogado podrá informar sobre las particularidades de cada caso en concreto y determinará la mejor vía para solucionar un conflicto que afecta gravemente al menor beneficiario.