“Es que las autoridades no hacen nada, saben qué está pasando desde hace mucho, pero nadie toma ninguna medida por proteger el derecho que tenemos a que nuestra vivienda no esté ilegalmente ocupada, porque al final nadie querrá vivir en esta zona”. Es la voz de uno de los vecinos afectados por las ocupaciones ilegales de viviendas, que también existen en Alcoy.

Hablamos de la calle Sant Jaume, primer tramo, justo al girar el Pont de Sant Jordi, el inicio del centro, del recinto en teoría más selecto, del escenario de la festa. Pared con pared a una de esas casa construidas al filo del inicio de la crisis por las que se pagaron cifras de impresión, porque el centro tenía un precio.

Podría ser cualquier otra zona, especialmente en el casco histórico. Las viviendas son antiguas, pero todavía útiles. En las fincas viven familias y personas mayores, normalmente en propiedad desde siempre. También hay otros pisos en alquiler que ya nadie quiere arrendar. Conforme se vacía una casa, nadie más quiere entrar en ella. Quienes ocupan ilegalmente viven allí, “pero no dejan vivir”, como explica a Página 66 uno de los propietarios.

Mario, que es nombre ficticio porque tiene precaución por los suyos, nos cuenta que está desesperado y que su situación es muy similar a la de otros vecinos en Sant Jaume 4, 6 y 8. Nos muestra fotos. “Mira, la luz enganchada a la de la comunidad de vecinos, el agua lo mismo y además, la suciedad” nos dice a la vez que va sacando de su móvil imagen tras imagen de suciedad, destrozos y hasta caca humana en el portal.

La ocupación, según afirma este vecino, comenzó hace algo más de un año con una vivenda. Ahora son varias y “se las van pasando de unos a otros”, reconoce Mario. “Es que no quiero dar por perdido el piso, esto se está convirtiendo en un problema que trasciende al de la propiedad para ser ya  de convivencia, de salubridad, de protección de menores y de actividades ilícitas”.

Estas situaciones tienen consecuencias económicas, como las acciones de la compañía eléctrica contra la vivienda por valor de más de 1.000 euros.  "Se pasan la patata caliente de uno a otro, lo sabe el alcalde, lo sabe el concejal de la policía, pero no tienen nada claro; ha estado aquí la Policía Local, la Policía Nacional, del juzgado… pero nada", dice Mario mientras saca el  documento que ahora han hecho llegar al Síndic de Greuges, último clavo ardiendo al que se agarra. “Está en el juzgado, hay vecinos que han presentado denuncias, pero no hay forma”.

La solución no es sencilla. Se une la impotencia del propietario con complejas situaciones de falta de inserción social. Los vecinos quieren un poco de atención. El problema necesita mucha inversión a largo plazo que nunca jamás se ha producido.

Hoy es Sant Jaume, ayer los lugares donde ya no hay casas. Mañana las zonas que actualmente son prósperas. Mientras Juan paga impuestos por una vivienda que en realidad ya no es suya.