Francés ha anunciado medidas de presión para los propietarios que no realicen la obligada Inspección Técnica de Edificios (ITE), a la vez que ha asegurado que se crearán ayudas para quienes no puedan abonar su importe, si bien no ha concretado cuantías ni proceso.

En una comparecencia junto al concejal de Territorio, Manolo Gomicia, el alcalde de Alcoy ha reconocido las dificultades que existen en ocasiones para que se cumpla la normativa que obliga a revisar el estado de las edificaciones. Sin embargo, Antonio Francés también ha admitido que en ocasiones el motivo no tiene que ver con las posibilidades económicas o de otra índole, ya que de las 146 sanciones que el Ayuntamiento impuso en 2016, el 38% estaban relacionadas con casas cuyo propietario es un banco o empresas.

Para el resto de casos, el Gobierno Municipal asegura que tomará dos tipos de medidas. Los propietarios con dificultades económicas dispondrán de subvenciones para la inspección y la reforma que los técnicos estimen. Al mismo tiempo, se creará una oficina en la que un arquitecto y un abogado asesorarán a los responsables de viviendas propiedad de varias familias, con herencias poco claras o con conflictos similares.