Una permuta de propiedades es la fórmula que han acordado la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento para saldar los 3,5 millones de euros que Alcoy pagó para convertir el edificio en la plaza de la Mare de Déu en juzgados.

Así, el Ayuntamiento pasará a ser el propietario de tres edificios que actualmente ya ocupa con dependencias municipales, pero que son propiedad de la Generalitat Valenciana. Se trata de las oficinas de la calle Pintor Casanova número 10, del Centre Social de la Zona Nord y de la Escoleta Municipal de la Zona Nord. Fuentes municipales han valorado estas tres propiedades en tres millones y medio de euros, la misma cantidad que costó poner en funcionamiento el edificio que ahora alberga los juzgados.

Este acuerdo pone fin al convenio provisional que mantienen Conselleria y Ayuntamiento, por el que Valencia abona 32.000 euros al año en concepto de alquiler. El Gobierno Municipal considera que de esta forma se ha recuperado la inversión realizada. El propietario del edificio de los juzgados actuales sería la Conselleria de Justicia.