Nuevo episodio en el proceso judicial que rodea a la intención de los responsables de La Española de urbanizar una parcela de su propiedad en La Canal con la finalidad de crear el parque industrial Alcoinnova. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el Plan de Actuación Territorial Estratégica con el que la Generalitat autorizó la instalación en dicho lugar.

La sentencia, dictada el 12 de abril y notificada a las partes este miércoles 2 de mayo, considera que el procedimiento utilizado por la Generalitat es contrario a derecho. El contencioso al que se responde está presentado por las asociaciones La Carrasca-Ecologistes en Acció y de Salvem l'Aqüífer del Molinar.

Entre los motivos por los que justifica el TSJCV la decisión están las afecciones ambientales en el área de amortiguación del Parque Natural de la Font Roja o en la Red Natura 2000, la máxima figura europea de protección ambiental. Además, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal valenciano han considerado que la empresa no ha tenido en cuenta la importancia de las afecciones ambientales de la ubicación elegida y pone como ejemplo que su estudio no contempla superficie vulnerable a la contaminación de aguas, cuestión que entra en contradicción con los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La sentencia también se fija en la transformación del paisaje al considerar incompatible un parque industrial o comercial con una infraestructura verde y en la falta de motivación de la reclasificación del suelo por incumplimiento de requisitos ambientales.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Alcoy perdió un contencioso fundamentado en la misma cuestión, considerar que el Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) que puso en marcha la Generalitat no tenía facultad de autorizar la instalación Alcoinnova. Para los letrados de La Carrasca-Ecologistes en Acció y de Salvem l'Aqüífer del Molinar la razón del distinto resultado se debe a que su recurso es más amplio y mejor fundamentado que el que presentó el Gobierno Municipal alcoyano. Los ecologistas han recordado que ellos han presentado informes periciales de las Universidades de Alicante y de la Politécnica de Valencia que han dado solidez a su trabajo. Para las dos asociaciones “es deplorable la falta de convicción con la que el Ayuntamiento ha defendido los intereses generales de la ciudad”.

La sentencia anula la ATE, si bien no es firme y existe posibilidad de recurso. La Carrasca y Salvem El Molinar han declarado que “es una oportunidad para que la empresa reoriente su propuesta y busque una ubicación adecuada”. Además, recuerdan que el pasado 6 de abril el Ayuntamiento concedió otra prórroga para presentar la documentación exigida necesaria para iniciar la evaluación de impacto ambiental, que consideran los ecologistas difícil de conseguir.

Este mismo jueves, a las 12, el Gobierno Municipal ha convocado una rueda de prensa para valorar la sentencia.