En 2015 se aprobó en España la Ley de Segunda Oportunidad, cuyo objetivo es descargar de deudas, librar la carga financiera y otras medidas de orden social para personas en graves apuros financieros, Laia Santamaría, de Togue's Legal Services, nos explica el funcionamiento de este mecanismo legal. Esta ley, pretende ayudar a pequeños empresarios y a personas particulares cuando, en caso que su idea de negocio haya resultado fallida y hayan contraído ciertas deudas que les impiden poder seguir adelante, la situación financiera y económica del autónomo o persona física sea insostenible.

Tras mas de 4 años desde su entrada en vigor, hoy en día todavía muchas familias y autónomos desconocen que, gracias a esta Ley podrían entrar en un proceso equivalente al concurso de acreedores de las grandes empresas. De hecho, con la Ley de Segunda Oportunidad, se pretende que cualquier particular o pequeño empresario puede volver a empezar desde cero si su situación financiera es insostenible, ya que permite renegociar la forma en que se devolverán las deudas para que la persona afectada pueda hacer frente a sus gastos diarios. Para poder acogerse a ella, la persona en sí, tiene que conseguir un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, proceso que estará tutelado por un juez. En él, el emprendedor tendrá la oportunidad de liquidar sus bienes para abonar las deudas que pueda pagar, o bien, pactar un calendario de pagos para poder hacer frente a estas deudas.

En el caso de que no se llegase a un acuerdo con los acreedores, el juez podría cancelarla o exonerar de la misma al deudor. Si este es un particular se resolverá en los juzgados de Primera Instancia, mientras que si es un empresario se hará por la vía mercantil. El solicitante debe acreditar que no disponede dinero ni de activos para afrontar sus deudas, y demostrar que ha existido buena fe, es decir, que primero ha intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con el acreedor. Esta Ley permite cancelar la deuda que queda pendiente tras una ejecución de un inmueble, no obstante, las deudas que no se podrán cancelar son aquellas contraídas con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria.

Laia Santamaría, de Togue's Legal Services, recuerda que, una vez finalice el proceso de negociación, si no se ha alcanzado un acuerdo, el deudor y los acreedores podrán solicitar ante el juez el concurso de acreedores voluntario. Lo importante es tener claro que, ante cualquier duda, se debe acudir a un profesional del sector para que pueda ser resuelta con la mayor facilidad y claridad posible.