
“¿Tirar la toalla? Ni pensarlo”. La concejala de Patrimonio de Alcoy, Lorena Zamorano, ha respondido esto a Pagina66) tras preguntarle sobre la situación de las obras en el conjunto arqueológico industrial El Molinar. La inestabilidad en un talud y la obligación de consolidar la fachada del Molí de Ferro han desembocado en la paralización de las obras que en un principio deberían haber terminado este noviembre.
La ampliación del plazo hasta mayo de 2020 dio alas al Ayuntamiento, pero los últimos contratiempos harán que hasta el último día no se sepa si las obras van a llevarse a cabo al completo en los tiempos marcados por la subvención de 500.000 euros de la Generalitat Valenciana.
“A los problemas de seguridad detectados por la dirección facultativa hay que sumar los que la empresa ha puesto desde el primer momento”, ha indicado Zamorano. Según la regidora, “no había voluntad de hacer la obra”, y ahora se encuentran en el punto de tramitación de la resolución del contrato.
Mientras se resuelven los temas burocráticos, los técnicos municipales ya están trabajando en las soluciones sobre el terreno, tanto para la consolidación de la fachada como la del talud. “Toca correr, pero haré todo lo que esté en mis manos”, ha recalcado Zamorano. Si no llegan a los plazos marcados para recibir el medio millón, presentarán “lo que se haya podido justificar”. Después de la resolución del contrato con la actual empresa, el Ayuntamiento deberá redactar el nuevo proyecto, adjudicar las obras y ejecutarlas.
EXIGENCIA DEL PP
El Partido Popular ha exigido la “máxima rapidez” para cumplir los plazos marcados. “Es evidente que la planificación ha fallado, porque tanto los accesos como el deterioro de los edificios era una de las complicaciones de la obra”, ha señalado su portavoz, Enrique Ruiz.
El concejal del PP ha advertido de que la empresa adjudicataria fue la que presentó la oferta más baja, un 19% por debajo del presupuesto inicial. Según los populares, “fue la peor valorada por los técnicos. Estamos ante un nuevo ejemplo de las consecuencias de la política low cost del Gobierno de Antonio Francés”, ha añadido.
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