Guanyar Alcoi ha pedido que el geriátrico ubicado en el antiguo hospital civil de Oliver no vuelva a manos del sector privado. Actualmente es la empresa Domus Vi la que dirige la residencia de ancianos que sigue intervenida por Sanidad debido al brote de coronavirus que ha ocasionado, hasta la última cifra oficial, 32 muertes.

"Si algo ha quedado claro con la grave crisis sanitaria que vivimos es que la privatización de los servicios públicos es un grave riesgo para la salud de la ciudadanía. No podemos permitir que los recursos públicos terminen en los bolsillos de grandes empresas que convierten los servicios en negocios. Nos la vida con esto", ha resaltado Obiol.

"La gestión de la empresa, controlada por un fondo de inversión en Alcoy y en el resto de residencias, ha sido catastrófica, con más de 150 muertes por coronavirus en sus instalaciones de todo el estado", ha añadido.

Sobre los datos ofrecidos por la Conselleria por departamentos, Guanyar Alcoi ha manifestado que “la transparencia es una herramienta fundamental para combatir la desinformación. Se nos pide un compromiso cívico de confinamiento para salvar vidas pero la información llega a cuentagotas".

“Todo indica que la diferencia fundamental, en cuanto a la alta mortalidad, entre el Departamento de Salud de Alcoy y el resto es la incidencia en el Hospital de Oliver. Según datos no oficiales los residentes que han perdido la vida estos días a consecuencia del virus podrían representar dos tercios del total. Y no es la primera vez que la gestión de la residencia es noticia por sus deficiencias”, han recalcado.

Obiol ha pedido a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Alcoy "el rescate de la residencia, de esta y de todas, para asegurar el cuidado de nuestros mayores". La portavoz ha asegurado también que "de ninguna manera aceptaremos que Domus Vi vuelva a gestionar Oliver, porque la negligencia en la gestión es más que evidente. Pero el problema de fondo es el modelo. Los servicios públicos deben gestionarse directamente desde la administración. Son los responsables políticos, elegidos democráticamente, quienes deben responder de sus acciones. No pueden esconderse detrás de concesiones, ni pueden permitir que la vida de las personas esté supeditada a intereses particulares".