El Ayuntamiento de Alcoy deberá pagar más de 170.000 euros a la empresa FCC, encargada de la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad. La cantidad corresponde al pago anual por objetivos en 2020 y que, según la oposición, el sistema de control de estos no fue realizado correctamente.

Un pleno extraordinario para votar el pago de esta factura ha sido el escenario donde los portavoces de los grupos en la oposición y el Gobierno Local han mostrado su postura al respecto.

Todo el grupo de la oposición ha coincidido en que “desde el gobierno no se han hecho los deberes”. David Abad, de Vox Alcoy, ha tildado de “nefasta gestión”, mientras que el no adscrito Marcos Martínez ha pedido en varias ocasiones conocer más datos y posibles soluciones que, al final, nadie le ha dado.

Los discursos de Sandra Obiol, de Guanyar Alcoi, y de Cristian Santiago, por parte de Podem, han ido más dirigidos a la necesidad de un servicio público. “Entendemos que si este servicio fuera público no tendríamos estos problemas”, ha manifestado Obiol. “En el momento que privatizas pierdes el control”, ha explicado Santiago.

Rosa García, de Ciudadanos, ha sido la única que ha votado a favor, junto a los concejales socialistas, “por responsabilidad”, y no ha querido “entrar en el motivo por el cual celebramos este pleno, ni entrar en la gestión del gobierno ni la empresa”.

Los más críticos con estas gestiones han sido los representantes de Compromís y Partido Popular. Màrius Ivorra, portavoz de Compromís, ha presentado datos por los que creen que “ha habido errores que con el departamento correspondiente han sido imposibles de aclarar”. Por su parte, Quique Ruiz, del PP, ha remarcado que “esa falta de control tiene una consecuencia”.

Jordi Silvestre, concejal socialista, ha recalcado que “no estamos aquí por voluntad del gobierno”, al tiempo que ha mostrado su “confianza en los técnicos del departamento y su trabajo”.

Los informes presentados dan la razón jurídica a la empresa y el pleno extraordinario ha votado que sí al pago de esos más de 170.000 euros a FCC. El Ayuntamiento de Alcoy no se enfrentará a “un contencioso que sabemos que está perdido porque no hay razones técnicas ni jurídicas para no pagar esa factura”, ha concluido el alcalde, Antonio Francés.

Además del abono de la cantidad reclamada de 170.588,78 euros, el consistorio deberá abonar los intereses de demora por el pago retrasado por el importe desde el 8 de marzo hasta que se haga efectivo el pago finalmente, más las costas procesales por “su manifiesta temeridad y mala fe”. Hasta el momento los intereses de demora ascenderían a cerca de 15.000 euros, a expensas de conocer cuál va a ser el alcance de la resolución judicial.

RETRIBUCIONES EN EL CONTRATO DE RESIDUOS

El contrato actual de recogida de residuos y limpieza viaria establece un sistema de retribuciones por objetivos para la empresa. La dotación para el cumplimiento de esos objetivos es el 4% de la cantidad que deben recibir anualmente según el contrato estipulado. Una vez transcurrida la anualidad y efectuado un informe de auditoría respecto a la calidad de la prestación del servicio, la empresa presentará una factura y se devolverá la parte que corresponda según el resultado del ese informe.

 

Ese 4% se distribuye por objetivos: 2% ejecución del servicio, 1% calidad que se está dando del servicio y 1% otros controles anuales que se realizan de ese servicio. El informe de la auditoría externa se realiza mediante muestreos de cada indicador. En este sentido tal y como se infiere en los múltiples informes realizados por los técnicos municipales que obran en el expediente en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 no se realiza auditoría externa debido a que el servicio estaba en proceso de licitación, desempeñando dicha labor el Departamento de Medio Ambiente por sus propios medios como responsable municipal del contrato en cuestión. De este modo, el control de calidad del servicio en el año 2020 se llevó a cabo con medios propios del Departamento de Medio Ambiente y se llegó a la conclusión de que la mercantil había cumplido con todos los requisitos para el pago de la retribución por objetivos fijada en el contrato.