La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha emitido un informe sobre la investigación abierta contra el Ayuntamiento de Alcoy y la empresa Aqualia por irregularidades en la gestión del agua potable de la ciudad.

En su resolución, este organismo ha formulado una serie de recomendaciones al Ayuntamiento y ha establecido plazos para su cumplimiento. En cuanto a la cuestión económica, la suma de los importes que tiene que reclamar el Ayuntamiento a Aqualia asciende a 946.043,16 euros.

Según Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua (Aiguapública), a esta cantidad “hay que añadir gastos no calculados todavía y en las estimaciones de Aqualia falta sumar importes de algunos años y algunas cantidades son estimaciones poco fiables hechas por Aqualia que el Ayuntamiento tendrá que verificar y corregir al alza”.

En febrero de 2020 Aiguapública decidió recurrir a la Agencia Antifraude “al comprobar la pasividad del Gobierno municipal de Toni Francés ante las alertas y denuncias bien documentadas que la plataforma había presentado al Ayuntamiento”.

Esta plataforma ciudadana ha lamentado “la demagogia y manipulación del concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, cuando dijo en el pasado Pleno municipal que la Agencia Antifraude había calculado que el importe de la indemnización compensatoria por la gestión del canon de saneamiento era de 432.276,88 €, muy inferior a los 2.200.000 € calculados por la plataforma ciudadana”.

Según han apuntado, la AVA no ha hecho ese cálculo, sino que se ha limitado a reproducir la estimación hecha por Aqualia, pero en ningún caso la da por buena, sino que indica que el Ayuntamiento tendrá que hacer los informes necesarios para determinar los importes correctos totales”.

Aiguapública ve imprescindible que se encargue una auditoría independiente que investigue a fondo qué ha pasado con la gestión del agua de Alcoy desde que se privatizó. "En primer lugar, hay que calcular los ingresos cobrados por la empresa que tendría que haber transferido al erario público, cuantificar todos los gastos que ha pagado indebidamente el Ayuntamiento, obtener unas cuentas claras y reales del Servicio de Aguas, etc. Y para que no se vuelva a repetir nada semejante, hay que saber por qué no se ha controlado bien la gestión de Aqualia, qué o quien ha fallado, examinar todos los incumplimientos del contrato y establecer las sanciones correspondientes".