La reposición de la zona verde de La Rosaleda, tras muchos años de sentencias, tiene aprobada la licitación de su proyecto constructivo. El Gobierno local ha dado un paso más para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El presupuesto base de licitación es de 2.438.066,73 euros y el plazo de ejecución será de 10 meses. Con esta actuación se pretende dar cumplimiento a la sentencia con la creación de un jardín que cumpla con las especificaciones relativas a zonas verdes y con las normativas de accesibilidad pertinentes.

Las obras consistirán en la demolición del forjado de cubierta para albergar una capa de tierra de 80 cm y arbolado, además de reforzar todos los elementos estructurales, desde pilares hasta los cimientos.

En el pliego de condiciones, que se publicará en breve en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Alcoy, se especificará que las empresas que quieran optar a la realización de estas obras dispondrán de 45 días para presentarse.

“Este proyecto permitirá resolver los problemas de ilegalidad que padece la plaza de la Constitución, ha sido un proceso complejo pero que avanza y va a permitir cumplir con la sentencia y dejar la zona verde en La Rosaleda”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Jordi Martínez.

LA ROSALEDA Y LOS TRIBUNALES

Según ha recordado el Gobierno Municipal, durante el verano de 2001 el Ayuntamiento inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en La Rosaleda y lo adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, con un proyecto que no respetaba la zona verde. La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras, pero el Tribunal la denegó porque el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria, y que el concesionario tenía que reponerla exactamente en la misma situación en que se encontraba antes de las obras, algo que no se hizo.

 

Por este motivo presentaron un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del TSJ emitida en octubre de 2005, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.