El Gobierno local ha recibido la pericial judicial solicitada por el juzgado de Instrucción nº2 de Alcoy por la denuncia que en 2015 realizó la concejala, en aquella legislatura, de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, contra la empresa constructora Ortiz y la dirección facultativa de las obras de reforma del Teatro Calderón.

Un poco de contexto

Según ha contado Zamorano en rueda de prensa, en diciembre de 2008 la junta de gobierno de aquel momento, del Partido Popular, aprobó un reconocimiento de deuda en favor de Ortiz de, por una parte 2.100.000 euros correspondientes a unos contratos de obra y 202.000 euros correspondientes a contratos de equipamiento del Calderón. Ese reconocimiento de deuda se hace efectivo y la primera parte la llegó a pagar el PP estando ellos todavía en el gobierno. Queda pendiente el pago de los 200.000 euros y es cuando llegan los socialistas al gobierno en 2011 cuando aseguran que les llamaba la atención que aparecieran facturas de contratos que ya estaban acabados y liquidados dos años antes de entrar en el gobierno.

Los socialistas encargaron una pericial, es decir, un estudio de un facultativo para que analizara esas partidas que “parecía ser que se habían hecho y no se habían pagado”, para saber qué había pasado.

La concejala ha hecho un inciso para explicar que esas obras concluyeron en marzo de 2007, pero no fue hasta marzo de 2008 cuando el Ayuntamiento recepcionó formalmente esos trabajos, a pesar de que en marzo de 2007 se inauguró y se empezó con la programación y actos del teatro.

En esa primera pericial que solicita el consistorio, se arroja que se han pagado cerca de 1.300.000 euros de más. De esos 2 millones de euros que solicitaba Ortiz y que se le reconocieron, se pagaron 1.300.000 euros que no tendrían que haberse pagado porque no estaba justificado de ninguna manera a la vista de los proyectos, según han apuntado los socialistas.

Tras esto, el gobierno socialista ha planteado al juzgado que Ortiz "devuelva ese dinero de más", pero el problema con el que se encuentran en ese primer contencioso es que la posible reclamación ha prescrito y no pueden "hacer nada". A partir de este momento, el juez del contencioso solicita personalmente una nueva pericial judicial que llega a la misma conclusión que la pericial del Ayuntamiento. Es entonces cuando el Gobierno local empieza la vía penal y, con las dos periciales, denuncia a Ortiz y la dirección facultativa POR estafa y falsedad documental.

Según ha explicado Zamorano “ese proceso de investigación por parte del juzgado en 2015 tiene muchas paralizaciones porque durante este tiempo Ortiz ha recurrido a todo, todos los autos, todas las providencias, lo ha recurrido todo para dilatar el procedimiento al máximo. También hemos tenido el inconveniente de que el juzgado solicitó una tercera pericial judicial”.

Esta tercera pericial vuelve a coincidir con las dos anteriores. En ella, el perito hace cuatro manifestaciones en las que se contempla que “existe un exceso de abono de las certificaciones 1 y 2 como consecuencia de las incorrecciones apreciadas y de los análisis realizados que se deberá deducir de las mismas por un valor de 1.700.313,71 euros”.

El siguiente paso del Ayuntamiento de Alcoy será solicitar un auto de conversión para que se abra un juicio por la vía penal y se juzgue este hecho por falsedad documental y estafa.

Tras la explicación de Zamorano, la actual concejala de Régimen Jurídico, Vanessa Moltó, ha declarado que “en este gobierno desde el primer momento hemos hecho un uso escrupuloso del dinero público, porque el dinero público tiene que garantizar el mejorar la vida de las personas, uno de nuestros objetivos siempre ha sido recuperar dinero público que otros gobiernos, al final se ha demostrado, han malgastado en proyectos ruinosos para la ciudad”.