El Gobierno municipal se ha defendido ante las acusaciones del Partido Popular que ha asegurado que “acumulan facturas en el cajón”.

Versión del PP

Según han apuntado los populares, “el Gobierno municipal ha acumulado 3,5 millones de euros en deuda a proveedores en lo que respecta a la liquidación del año 2023, una cantidad que se suma al aumento del endeudamiento del Ayuntamiento de Alcoy que ha posicionando a la ciudad en el primer puesto de poblaciones más endeudadas de la provincia de Alicante y la segunda más endeudada de la Comunidad Valenciana, con una deuda por habitante de 642 euros”.

Han recalcado que “de esta deuda, 723.741,80 euros se acumulan en facturas en el cajón que aún no han sido reconocidas por el ayuntamiento de Alcoy. A este importe asciende la cuenta ‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto’ o lo que es lo mismo, deuda que se ha contraído por gastos no presupuestados, es decir que se gastó sin tener el dinero y en consecuencia no se pagó”.

En palabras de la concejala popular Amalia Payá, “todo esto significa que el ayuntamiento de Alcoy guarda facturas en el cajón, no reconoce en tiempo y forma esa factura procedente de servicios o productos que le proporcionan los proveedores y tarda más de un año en algunas ocasiones en pagar esas facturas a esos acreedores haciendo peligrar en muchas ocasiones sus negocios ya que una empresa pequeña no puede asumir tal retraso en los pagos”.

Versión del Gobierno municipal

“El Ayuntamiento de Alcoy no tiene ninguna factura al cajón puesto que todas las facturas están fiscalizadas y reconocidas oficialmente”, han reconocido fuentes consistoriales, a lo que han agregado que “el periodo medio de pago de las facturas se situó en 2023 en 7 días y las OPA (Operaciones Pendientes de Aplicar) hacen referencia a facturas que quedan pendientes de pago a en el cierre contable del ejercicio, que impide puedan ser tramitadas, pero ya se han tramitado con el presupuesto prorrogado”.

El Ayuntamiento de Alcoy fue de uno de los primeros a implantar el sistema de factura electrónica. Actualmente este sistema ya es obligatorio por ley para todas las administraciones, con el fin de ser una arma para combatir la ocultación de facturas de la contabilidad municipal. Además, han recordado que las Opas (Operaciones Pendientes de Aplicar) “son facturas que quedan pendientes de pago a final de año y son perfectamente registradas y quedan pendientes de tramitación y pago a consecuencia del cierre contable a final de año del ejercicio, esta cantidad suele ser similar cada año. Estas facturas quedan pendientes de aplicar en el presupuesto del ejercicio siguiente, cuando son pagadas con el presupuesto prorrogado: en total han sido 723.741,80 euros”.

“Como políticos no podemos engañar a la ciudadanía y decir datos sin saber de qué hablamos. Una vez más estamos viendo qué hace la oposición: decir datos que ni ellos saben de dónde salen, sin demostrar nada. Los informes oficiales certifican que Alcoy se encuentra en una situación de fortaleza en solvencia y tesorería, no hay ni una factura en ningún cajón, ni mucho menos se deben 3 millones a los proveedores, a los que paga ahora mismo a 11 días. Pedimos un poco de rigor antes de hacer acusaciones falsas”, ha contestado la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó.

Sobre la cifra de endeudamiento, Moltó ha indicado que “el Ayuntamiento de Alcoy ha pasado a tener unos ingresos de media de 65 millones de euros y un préstamo de 33,5 millones, mientras que el PP tenía una media de ingresos de 40 millones y una deuda de también alrededor de 40 millones”.

El aumento del endeudamiento, según la concejala, se debe a un préstamo que se hizo el pasado año por valor de 17 millones de euros para poder financiar proyectos cofinanciados por Europa, “lo que supone que con esta operación, por una parte hayan podido llegar al Ayuntamiento de Alcoy alrededor de 22 millones de subvenciones de otras administraciones, en proyectos tan interesantes como el parking de La Riba, Museo de Camilo Sesto, Pinacoteca, la rehabilitación de más de 300 viviendas en Font Dolça y Sagrado Corazón, Rodes, entre muchos otros proyectos. Y por otra, también la obligación de financiar los 4,5 millones que costará la reposición de la zona verde del parking de La Rosaleda, lo que supone que tendremos que pagar 75 euros por habitante para devolver la situación del parking a la legalidad”.