Desde el lunes 30 de septiembre, hasta el jueves 10 de octubre se ha celebrado el juicio por los fallecimientos en la residencia geriátrica Domusvi de Alcoy durante el primer mes de la pandemia por covid-19. Murieron 74 de los 138 internos en la residencia de mayores, más de la mitad.

Durante estos días de vista, se ha podido escuchar los desgarradores testimonios de los familiares, las explicaciones de la propiedad y los informes de los peritos de las partes.

Se trata de una demanda civil, puesto que los abogados de los familiares pensaron que una por lo penal, la que podría condenar a los posibles culpables a condenas de cárcel, no sería viable. La demanda se presentó contra Quavitae Servicios Asistenciales, matriz de DomusVi, que es la empresa privada que gestiona la concesión de esta residencia, situada en el antiguo Hospital Civil de Oliver. Ha sido la primera demanda en España de este tipo. Los ojos de muchas concesionarias de residencias, administraciones públicas y aseguradoras están puestos en lo que diga el Juzgado n.º 3 de Alcoy.

Piden 2,3 millones de euros. La demanda la han interpuesto 46 allegados de las 18 víctimas, 15 fallecidos y 3 heridos graves. El resto, según la asociación de familiares, o bien no podían hacer frente a los gastos del juicio o bien han preferido no remover el recuerdo.

Los testimonios de la empresa

El momento

Los responsables de la residencia, sus abogadas y las aseguradoras que harían frente a la condena, han centrado buena parte de su defensa en el momento en el que se vivía y la información disponible. De hecho, durante la vista se ha escuchado que no eran conscientes del peligro y que los protocolos fueron variando mucho en las primeras semanas.

Han defendido que no se conocían bien cómo se transmitía el covid-19, que no había protocolos de actuación, ni obligatoriedad de mascarillas. Igualmente, refuerzan su tesis con la inexistencia de tests y la tardanza en conocer resultados, unido al hecho de que el virus se manifestaba tras días de producir contagios.

“Era inevitable que entrara (el contagio) a través de familiares y trabajadores” ha sido una de las explicaciones de José Luis Arocha, epidemiólogo que ha actuado en el juicio como perito de parte de DomusVi Alcoy. Ha negado que el aislamiento hubiese podido menguar las consecuencias apoyándose en que el 30% de la población española pasó el covid-19 de manera asintomática. También ha recordado que no pudieron hacer pruebas en la residencia hasta el 20 de marzo.

La salud

Otro argumento utilizado durante esta semana de comparecencias frente al juez ha sido la fragilidad en la salud de los internos. Los peritos de la parte demandada han asegurado que la media de edad de 86 años y las patologías previas pudieron “acelerar el fallecimiento”, aunque no ven posible establecer el diagnóstico de muerte por covid-19.

Esta tesis también ha sido utilizada por los peritos de la aseguradora, Mapfre. Han descartado la mala praxis en el centro a la vez que han recordado que la salud de los ancianos era delicada.

Los doctores Manuel Moya y Esther Lueje, geriatras que ha testificado llamados por la empresa, han negado que hubiera deficiencias en la atención de los residentes durante ese período. Han asegurado que Domusvi Alcoy hizo lo que se pudo, dado que no son un centro hospitalario. Han afirmado que si ellos hubieran tenido que tomar la decisión tampoco hubiesen derivado a ninguno de los 18 pacientes al hospital, testificando que era mejor que permanecieran en el centroi “por respeto”. A la vez, han afirmado que no puede haber mala práctica cuando en toda España la forma de hacer fue similar.

También se ha tratado en el juicio la medicación administrada, habida cuenta que en algún momento se ha llegado a decir que no fue la mejor indicada. El doctor Moya ha declarado que los tratamientos fueron cambiando en función de lo que se iba conociendo sobre el virus. Como ejemplo ha puesto la heparina que se utilizó en abril.

La praxis

Sobre la razón por la que no se separó de alguna manera a los ingresados, los testigos de la parte demandada han afirmado que no tenía sentido en aquel momento, al desconocer completamente la forma de contagio, si bien también se ha podido escuchar que sí hubo una reorganización de residentes que Domusvi a finales de febrero , pero la han justificado solamente por cuestión de mejoras en los cuidados, y que se organizó en función de las unidades de convivencia. Han descartado que fuese más eficiente contratar a más personal.

Los testimonios de los demandantes

La praxis

Los doctores Vázquez y Pascual, de parte de los familiares, han asegurado que parte del problema viene de no haber ‘sectorizado’ a los internos para evitar la propagación. De hecho, los doctores llegaron a exponer casos concretos en las costumbres cotidianas del geriátrico que ayudaron a que el virus campase a sus anchas.

Los familiares aseguran que hubo falta de higiene y personal, además de poca preocupación en los primeros días de covid-19. A través de sus abogados, han tachado de negligente la actuación de Domusvi Alcoy y los acusan de faltar a su deber de cuidado a causa de procurar antes la economía de la empresa que la salud de los ingresados.

Como prueba de ello han expuesto los familiares de los afectados que en la residencia que la misma empresa tiene en Cocentaina no hubo en ese momento ese nivel de contagios, mucho menos de fallecidos.

Uno de los testimonios más gráficos ha sido el del doctor Manuel Pérez, responsable de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Fue una de las primeras personas en entrar a la residencia, mucho antes que los soldados de la Unidad Militar de Emergencias. Ha relatado cómo comprobó que había fallecidos en sus habitaciones sin que nadie lo supiera, enfermos con los pañales rotos y un caos total complicado de explicar.

“No se lo tomaron en serio” se ha podido escuchar en el juicio, lo que condujo a que no hubo tiempo para reaccionar después. Cuando quisieron poner remedio los contagios estaban extendidos.

Ha quedado visto para sentencia, el juez dirá. Después habrá recursos. La empresa tratará de justificar en la complicación del momento su inacción y las aseguradoras tratarán, ya lo han insinuado, de sacar a relucir la letra pequeña de las pólizas para, aunque pierdan, no tener que pagar. Los afectados, como siempre, quedarán con el mal sabor de boca que deja una justicia que solamente podría traducir en dinero el sufrimiento de quienes no están.

Argumentos jurídicos aparte, a los familiares no se les olvida la impotencia sufrida cuando veían que los ancianos permanecían encamados, sin la atención que veían necesaria, sin poder sacarlo y ni siquiera hacer nada por mantener un último contacto.