Las responsabilidades económicas de los políticos en el gobierno que impulsó la construcción de un aparcamiento en la plaza de La Constitución, La Rosaleda, es un tema recurrente en muchas conversaciones de ciudadanos que no entienden cómo un mandatario no debe hacerse cargo de una actuación condenada como ilegal, de la misma manera que ocurre con las gestiones de un empresario o particular. La obra para reformar el parking de la Rosaleda de acuerdo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) van a costar algo más de cuatro millones de euros al Ayuntamiento de Alcoy.

Desde el principio de este asunto, la Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció ha exigido que se investigue la culpabilidad de quienes aprobaron el proyecto. Lo solicitaron en 2010, pero la mayoría del Partido Popular impidió que el pleno aprobara la solicitud. En 2012, tal y como recuerda La Carrasca, el PSOE se comprometió a atender la reclamación. Lamentan los ecologistas que el Gobierno municipal ahora se niegue a esta investigación, lo que ven “contrario a los principios de ética pública, buen gobierno y rendición de cuentas”.

El Tribunal Superior de Justicia dictó en 2005 la “ilegalidad palmaria” de la obra y en 2006 ratificó que parte de la responsabilidad era del Ayuntamiento, puesto que debería haber revisado el proyecto del constructor. Según informes de diferentes departamentos municipales, no hubo en aquel momento petición de revisión del proyecto a los técnicos cualificados del Ayuntamiento.

La Colla Ecologista La Carrasca considera que, si nadie pidió a los técnicos municipales que lo revisaran, la responsabilidad debería recaer en quien no lo hizo, esto es, el gobierno municipal de entonces, centrándose en los tres cargos implicados: el alcalde Miguel Peralta, el concejal de Obras Rafa Miró y el concejal de Urbanismo Fernando Pastor.

No entiende La Carrasca cómo el gobierno actual de PSOE y Compromís no quiere iniciar un expediente de investigación al respecto. “No pidieron (el PP) la revisión del proyecto al técnicos cualificados y, sorprendentemente, esto no le parece una negligencia grave en el actual Gobierno municipal”, han afirmado los ecologistas.