La tendencia generalizada de amplificar los acontecimientos en busca de un ‘me gusta’ genera situaciones que, en el contexto actual de algoritmos y prisas, provocan frustración, desvinculación social y desconfianza en el público general. Pese a que en Pagina66 evitamos el ruido derivado del lío de las redes sociales, esta semana marcada por titulares sobre casos de corrupción en medios nacionales ha servido de catalizador para trasladar esa percepción negativa al ámbito local.

La controversia se ha centrado en la mayor intervención pública que se realiza el Ayuntamiento de Alcoy: la reforma de la Rosaleda. Son más de cuatro millones de euros los que costará esa obra, una parte importante del presupuesto municipal y, además, se trata de una obra simbólica, debido a que es consecuencia de una sentencia judicial por defectos en su construcción durante el gobierno del popular Miguel Peralta.

La advertencia del PP

El Partido Popular de Alcoy ha señalado que una de las empresas integrantes de la UTE (Unión Temporal de Empresas) encargada de la remodelación del aparcamiento de la Rosaleda figura en los informes relacionados con la trama de corrupción vinculada al PSOE nacional. En una nota de prensa, el PP ha manifestado: “Hemos sido conocedores de que una de las empresas que está llevando a cabo las obras de la remodelación de la Rosaleda, Levantina, Ingeniería y Construcción SL, más conocida como LIC, aparece en estos informes relacionándola con la trama de corrupción de los socialistas”. A este respecto, el portavoz municipal del PP, Carlos Pastor, ha afirmado: “Creo que los alcoyanos y también los grupos que formamos la corporación municipal merecemos una explicación al respecto”.

Asimismo, el PP ha advertido que la empresa en cuestión se encuentra en concurso de acreedores, lo que antes se denominaba suspensión de pagos. Pastor ha expresado su inquietud señalando: “Nos surgen muchas dudas, como por ejemplo si las obras de la Rosaleda podrán concluirse”, ha declarado Pastor al conocer que ha sido declarada insolvente y ha suspendido alguna de las obras públicas que realizaban en diversas localizaciones del país.

Respuesta del PSOE

De manera casi inmediata, el portavoz del grupo municipal socialista y concejal de Obras, Jordi Martínez, ha asegurado que “la empresa inicialmente adjudicataria (LIC) ya no trabaja en la Rosaleda, hay otra empresa que continúa las obras con normalidad dentro de la misma UTE”. Martínez ha detallado que en noviembre de 2023, la Mesa de Contratación convocada para tal efecto adjudicó el proyecto a la UTE compuesta por Levantina, Ingeniería y Construcción S.L. y Guerola Transer S.L.U. El edil socialista ha aprovechado para recordar que la concejala Amalia Payá representó a los populares en la Mesa de Contratación que aprobó la licitación. ““Los procesos se han hecho con transparencia, siguiendo los procedimientos legales y con participación de miembros del mismo PP, si tienen duda, que hablen con su concejala o que revisen la documentación pública”, ha concluido Martínez.

LIC salió de la UTE responsable de las obras de la Rosaleda poco después, en diciembre de 2023. La comunicación de esta decisión, autorizada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia, llegó al Ayuntamiento de Alcoy en mayo de 2024. Cyes Infraestructuras reemplazó a LIC en la UTE adjudicataria, por lo que la empresa implicada en los informes del caso de corrupción del PSOE nacional no tiene ninguna vinculación con la remodelación de la Rosaleda. Esta obra se ejecuta en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que declaró ilegal la construcción original.

Desde las declaraciones socialistas, el Partido Popular no ha emitido más respuestas.