Cuando en el año 1996 , tuve la suerte de formar parte del equipo médico Español de la cooperación Española, el equipo START, que pertenece a la oficina de acción humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, lo primero que aprendimos fueron los principios éticos y de comportamiento que tendrían que guiarnos a lo largo de nuestra trayectoria profesional y que no son otros que los de igualdad, equidad, solidaridad , no discriminación por sexo, religión, color de la piel, responsabilidad, democracia y ayuda mutua. Y por encima de todo, aprendimos que ninguna persona es ilegal.

Cuando escucho diariamente la cantidad de bulos intencionados que la derecha y la ultraderecha de este País esparcen como veneno, no puedo permanecer en silencio y es absolutamente necesario desmontar estas afirmaciones sin justificación, que tan fácilmente calan en la población.

El Banco de España estima que se necesitan trabajadores migrantes para equilibrar el envejecimiento de la población o que el mismo organismo estime que el 25% del crecimiento del PIB lo genera la población migrante. El modelo actual no presiona al estado de bienestar, al contrario, las personas extranjeras suponen un 10% del aporte a la Seguridad Social y solo un 1% del gasto. No solo el Banco de España, publicaciones económicas de prestigio demuestran que la inmigración contribuye positivamente al sistema de pensiones y al PIB.

Los migrantes que se quedan en nuestro País no vive si trabajar, según el INE la tasa de actividad del segundo trimestre de 2025 entre Españoles es de 57’3% y entre extranjeros es de 69’3%. Las prestaciones económicas, como el ingreso mínimo vital, se liga a la búsqueda activa de empleo. El 83% de las personas que lo reciben son Españoles, exigiendo además una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. Restringirlo sería ilegal.

La asociación entre inmigración y violencia no está sustentada en ningún dato, los cuales muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, mientras han aumentado casi 2’5 millones de personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y, sobre el cae todo el peso de la Ley.

La ley de Extranjería habla de que cualquier persona que viva en España tiene la obligación de respetar sus leyes y normas, por lo que no caben ideas populistas y desproporcionadas de cartas de compromiso, visados por puntos o propuestas radicales, los datos no avalan un descontrol sino todo lo contrario, los flujos migratorios se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en las islas Canarias respecto al año pasado.

A pesar que los datos avalan la política migratoria de nuestro Gobierno, el diario e incesante machaque por todos los medios posibles de consignas anti migración, calan en diferentes colectivos y precisa de acciones informativas veraces y reales para contrarrestar los bulos de la derecha y ultra derecha.

Un enfoque progresista sobre la migración debe basarse en la integración social, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones justas, evitando la criminalización del inmigrante y combatiendo la marginación. Esto implica reconocer que la migración, si bien genera desafíos, también aporta beneficios económicos y culturales, y requiere políticas que garanticen la integración y la protección de los migrantes frente a la explotación. Se deben abordar las causas de la migración, como la pobreza y la falta de oportunidades, y promover la igualdad de derechos y oportunidades para todos. 

El auge del populismo anti migratorio de extrema derecha pone de manifiesto la política del odio, excluyente y xenófoba, que no podemos permitir. Deben resurgir las ideologías progresivas que pongan en el centro de este discurso la humanidad y los derechos humanos, la sociedad Española debe de ser un ejemplo de tolerancia frente a la inmigración.