ABRIR EL PARKING EN LAS CONDICIONES ACTUALES, NO ES UNA OPCIÓN TÉCNICA, SINO UNA TEMERIDAD ADMINISTRATIVA QUE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.

La gestión del parking de La Rosaleda se ha convertido en un laberinto de informes contradictorios, plazos imposibles y una preocupante falta de transparencia. Según las alegaciones de la concesionaria y los informes técnicos de la Universidad de Alicante y la Politécnica de Valencia, la conclusión es tan clara como alarmante: la instalación no está lista para abrir.

Abrir el parking a toda prisa para reanudar su actividad como exige el Grupo Guanyar en una moción presentada por ellos mismos en el pasado pleno del Ayuntamiento, choca frontalmente con los informes realizados y la versión de la empresa gestora. Tras las últimas obras realizadas en la plaza, han quedado muchos flecos sueltos. Hablamos de armaduras corroídas, recubrimientos de hormigón insuficientes que no garantizan la resistencia al fuego y una instalación eléctrica calificada como "condicionada" por defectos graves. Pretender que el ciudadano ignore estas "patologías" estructurales es, sencillamente, una irresponsabilidad.

Además del riesgo físico, nos encontramos ante un caos administrativo. La adjudicataria asegura que se intentó forzar una apertura en septiembre de 2025 cuando el informe final de obra ni siquiera se había firmado. A esto se suma el vacío legal de la licencia: no se puede amparar una reforma estructural profunda del 2026 bajo el paraguas de una licencia ambiental de 2003.

Por otro lado, la propuesta de gestión pública directa propuesta por el grupo municipal Guanyar, se presenta como un brindis al sol. Rescindir el contrato en este momento supondría que el Ayuntamiento heredara no solo la gestión, sino la responsabilidad legal y el coste millonario de unas reparaciones urgentes. Sería, en términos prácticos, "comprar una ruina" con el dinero de todos los alcoyanos, sumando posibles indemnizaciones a una infraestructura que ya ha devorado una cantidad elevada del presupuesto municipal.

No es momento de experimentos ideológicos ni de prisas electorales. Antes de hablar de rescates o aperturas inmediatas, es imperativo que se entregue toda la documentación técnica a la UTE como reclaman y se garantice el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

La seguridad de los vecinos debe estar siempre por encima de cualquier interés político.