La investigación abierta en el Ayuntamiento de Alcoy por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos a empresas vinculadas al entorno familiar de una técnica municipal ha puesto sobre la mesa una cuestión que Toni Francés no puede seguir esquivando: la responsabilidad política.

El alcalde ha comparecido para insistir en que fue el propio Ayuntamiento quien detectó las irregularidades y activó los mecanismos de investigación. Sin embargo, esa explicación deja más preguntas que respuestas. Porque si los controles funcionaban tan bien como asegura, ¿cómo es posible que unas presuntas prácticas que podrían haberse prolongado durante años no fueran detectadas antes? ¿Cómo puede hablarse de éxito de los mecanismos de control cuando estos solo actuaron después de que saltaran las alarmas?

La contradicción es evidente. Francés pretende presentarse como la persona que descubrió el problema y tomó medidas, cuando la realidad es que el problema se produjo dentro de la administración que lleva gobernando desde hace más de quince años. Nadie le acusa de haber participado en ninguna irregularidad, pero sí resulta legítimo exigirle explicaciones por haber permitido que se generara un contexto en el que, presuntamente, estas situaciones pudieron producirse sin ser detectadas.

Gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando estalla un escándalo. Gobernar significa garantizar que existan controles eficaces para evitar que los escándalos ocurran. Y si esos controles fallan durante años, la responsabilidad política alcanza inevitablemente a quienes dirigen la institución. Lo más llamativo es que, hasta el momento, no hemos escuchado ni una sola autocrítica. Ni una sola reflexión sobre posibles errores de supervisión. Ni una sola asunción de responsabilidades políticas. Todo el discurso oficial se ha centrado en trasladar la idea de que el sistema ha funcionado, cuando precisamente los hechos conocidos apuntan a que algo falló de manera muy grave.

Pero si preocupante es la actitud del PSOE, no menos llamativo resulta el silencio absoluto de Compromís. El socio de gobierno de Toni Francés, que durante años ha hecho bandera de la transparencia, la ética pública y la regeneración democrática, permanece desaparecido ante uno de los asuntos más delicados de la presente legislatura.

Ni exigencias públicas de explicaciones, ni peticiones de responsabilidades, ni propuestas para reforzar los mecanismos de control. Nada. Un silencio que contrasta con la contundencia que Compromís suele mostrar cuando los casos afectan a otras administraciones o a otros partidos.

Los alcoyanos merecen mucho más que comunicados defensivos y declaraciones calculadas. Merecen conocer toda la verdad, saber quién falló, por qué falló y qué consecuencias tendrá. Porque la transparencia no consiste en abrir una investigación cuando el problema ya es público. La verdadera transparencia consiste en asumir responsabilidades cuando las cosas salen mal.

Y hoy, ni Toni Francés ni Compromís lo están haciendo. Alcoy merece respuestas, no excusas. Merece responsabilidad, no silencio. Y merece un gobierno que dé la cara cuando la confianza de los ciudadanos está en juego.