El Gobierno ha calculado que habría un sobrecoste del 31%. [caption id="attachment_65062" align="aligncenter" width="598"] La zona en la que comenzaría la segunda fase del Bulevar[/caption] Las deficiencias en el proyecto no subsanadas, referentes a aspectos básicos como los viales, el pavimento, el saneamiento, el alumbrado o las zonas ajardinadas van a ser el argumento que el Gobierno Municipal utilice para anular el contrato para la construcción del Bulevar. El importe que hubiera supuesto incorporar lo que le faltaba al proyecto durante la realización de la obra sería, según el cálculo que han realizado los técnicos del Ayuntamiento, del 31%. Así lo ha anunciado el alcalde, Toni Francés, y la concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano. “Tenemos las garantías de resolución del contrato para que no coste ni un duro al Ayuntamiento de Alcoy”, ha afirmado Francés. EL CONTRATO La construcción del Boulevard, el vial que iba a unir Zona Nord con Santa Rosa por el oeste aprovechando el espacio de la vía, comprometía al Ayuntamiento con la empresa Cívica Urbana, del grupo Enrique Ortiz e Hijos, por un espacio de 20 años. La empresa constructora se encargaba de realizar la obra y a financiarla, con un importe total de 27 millones de euros. Lo que Francés ha descrito como “la mayor patata caliente que dejó el PP” supone un coste de obra de 12 millones de euros, 11 más de intereses, además del mantenimiento. Estas cantidades se debían devolver a razón de 1,5 millones de euros anuales, aproximadamente. [caption id="attachment_65060" align="aligncenter" width="598"] Toni Francés y Lorena Zamorano durante la rueda de prensa[/caption] LA FÓRMULA PARA SU RESOLUCIÓN Lorena Zamorano ha afirmado que hay “importantes deficiencias en el contrato que no fueron subsanados”. Tal y como ha explicado la concejala de Régimen Jurídico, en su momento no se modificaron estas cuestiones del proyecto. “El gobierno anterior decidió tirar adelante y dejar que las deficiencias se subsanaran en período de ejecución”, ha asegurado Zamorano. Lorena Zamorano ha asegurado que la legislación solamente permite subsanar deficiencias mientras se construye cuando hay razones de interés general “y estas no serían razones de interés general”, ha concluido. Sólo puede haber cambios durante la ejecución que surjan durante la obra. Zamorano ha dicho “no quisieron hacerlo cuando tocaba”. Esta es la razón por la que el Ayuntamiento va a actuar de oficio. La próxima semana se aprobará la resolución del contrato, se avisará a las entidades financieras, en las que se cerró el acuerdo para la operación, en las que hay un préstamo concedido aunque no dispuesto. Si el contratista no estuviera de acuerdo, cuestión que es más que probable, puede interponer un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. Esta acción supondría que la Generalitat Valenciana realizara un informe, si bien no sería vinculante.

UN PROYECTO CONTROVERTIDO  La construcción de un vial que uniera la Zona Nord y Santa Rosa aprovechando la vía es un proyecto del que se empezó a hablar cuando José Sanus todavía era alcalde. La materialización del proyecto comenzó después y hay un tramo construido, entre la calle Tirant Lo Blanc y la calle La Salle. Esta primera fase contó con la férrea oposición de los vecinos, que vieron modificado el proyecto de la calle respecto al momento en el que compraron sus casas. Queda por materializar el segundo tramo, que llegue desde el Ensanche a Santa Rosa. Este vial, al que Francés ha significado como “positivo y necesario para la ciudad”, no consiguió la financiación de la Generalitat Valenciana. El gobierno de Sedano optó en 2008 por un proceso de licitación de obras que se acababa de aprobar. Este procedimiento de licitación público-privada, el llamado modelo alemán, consiste en que la empresa constructora realiza la obra y la financia. De esta forma, los ayuntamientos consiguen realizar la obra sin que esa deuda se sume al límite de financiación ‘oficial’ que tienen. Esta decisión contó desde el principio con la oposición del toda la oposición por un doble motivo. Por un lado, las dudas que generaba la empresa concesionaria, Enrique Ortiz e Hijos, implicada en diversos procedimientos irregulares ahora en proceso judicial. Por otro, la cantidad adeudada, que iba a suponer que el Ayuntamiento tuviera que desembolsar 1,5 millones de euros al año, una cuestión que ya se veía complicada. La obra iba a costar 12 millones de euros. El contratista, por su financiación, recibiría 11 millones de euros en concepto de intereses. Además, se contabilizaba 2 millones de euros anuales de mantenimiento. El proceso comenzó en abril de 2008. En 2010 se adjudicó la obra en abril y se firmó en junio. Se aprobó en Comisión con el voto negativo de la oposición. La Junta de Gobierno no llegó a aprobarlo. El contrato se anunció por un importe de 13 millones de euros, la cantidad de la obra. Poco después se conoció que en ese importe no estaban los intereses.