Artículo de opinión de David Sabido Bustos, coordinador UPyD “La Montaña”. Han sido dos años los que desde UPyD hemos denunciado que el Ayuntamiento de Alcoy discriminaba a los castellanohablantes de forma sistemática, con el pretexto de la aplicación de la “normalización lingüística”. Y es que hemos tenido que escuchar argumentos de lo más variopintos por parte del Gobierno Municipal para justificar lo injustificable. Es decir, la discriminación subvencionada con dinero público de una parte de los vecinos de Alcoy. Desde PSOE, BLOC y EU se han realizado afirmaciones como que “Alcoy está castellanizado y hay que solucionarlo”, “no hay más que pasear por Alcoy para darse cuenta que la mayor parte de comercios están rotulados en castellano”, “debemos aplicar una discriminación positiva para que el valenciano no se pierda” o “la lengua propia del País Valencià es el Catalá”. Y ante esta consecución de exóticas afirmaciones, en frente un Partido Popular impasible que cuando se le interpelaba, afirmaba con la boca pequeña que “eso del bilingüismo era positivo” pero inmóvil mientras PSOE, BLOC e IU avanzaban en la creación de un gueto lingüístico que pretendía discriminar una parte de la sociedad alcoyana. Ha sido en este mes de Marzo, tras dos años de avisos constantes al Ayuntamiento de Alcoy en cuanto a su incumplimiento de la Constitución, del Estatut d´Autonomia y de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha reconocido que la normalización lingüística no puede suponer menoscabo de la libertad de todos los ciudadanos. El Síndic ha sido tajante afirmando que “la normalización lingüística no puede conseguirse ni ha de hacerse, sobre la base de la infracción de las disposiciones vigentes”. Un argumento fuera de toda duda desde cualquier punto de vista legal así como desde el más puro sentido común. No deja de ser del todo sorprendente observar como se ha tratado de minusvalorar por parte de todas las fuerzas políticas, la reivindicación de un derecho tan fundamental como el que ningún ciudadano sea discriminado por motivos lingüísticos. Se ha repetido una y otra vez y por parte de todos los partidos políticos, incluyendo al Partido Popular que “con la que tenemos encima, para ocuparnos de estas cosas” como si los derechos y la libertad de los ciudadanos debiera estar supeditada a la situación económica de cada momento. Desde Unión Progreso y Democracia no podemos más que mostrarnos orgullosos en lo que consideramos un paso más con el que avanzamos hacia una sociedad más justa y más libre. Una sociedad a la que en cuanto a temas lingüísticos se trata de “normalizar” como si el utilizar la lengua común de todos los españoles fuera algo anormal. Siendo cierto que el pronunciamiento del Sindic supone un paso más en cuanto a recuperar derechos de los que se nos está privando de forma injusta, somos conscientes que aún queda mucho recorrido por avanzar. Una tarea nada fácil cuando existe todo un engranaje económico-político dispuesto a defender sus privilegios con uñas y dientes. Son muchos los recursos públicos que se están destinando a la creación de un gueto lingüístico, pero es una realidad que desde ese gueto somos muchos los ciudadanos que vamos a seguir sin dejarnos acallar.