Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia. [caption id="attachment_76713" align="alignleft" width="300"] La Rosaleda[/caption] El Ayuntamiento de Alcoy tendrá que modificar el proyecto de remodelación de La Rosaleda, ya que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ha dictaminado que el actual no cumple los requisitos. El incidente planteado por la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistas en Acción el pasado mes de marzo ha sido resuelto con esta sentencia. Las cuestiones que obligarán a cambiar el proyecto aprobado durante la legislatura del PP han sido principalmente dos: la superficie total de zona verde y la superficie mínima con capa de tierra en la misma rasante que el terreno circundante. El Ayuntamiento pretendía descontar de la zona de superficie de zona verde la parte de las aceras, el garaje y el quiosco. Pero el TSJ ha dado la razón a La Carrasca y se tendrán que mantener los 3.269 metros cuadrados calculados en un principio como zona verde. El proyecto que el Ayuntamiento quería ejecutar ni siquiera llegaba, como indica La Carrasca, a la superficie mínima de 0,8 metros de capa de tierra apta para ajardinamiento. Sin embargo, no se ha aprobado otra de las peticiones del grupo ecologista. El TSJ ha considerado que las aceras pueden estar a diferentes alturas y por lo tanto deberá accederse a través de rampas y escalones. La Carrasca ha lamentado que el Tribunal no aclare el cálculo de la rasante de la capa de tierra en estos espacios elevados. El grupo ecologista ha remarcado la dura reprobación del TSJ al Ayuntamiento. "La representación del Ayuntamiento demandado, en apoyo escrito de Alegaciones, insiste de manera capciosa, una y otra vez, en que esta Sala ha declaración la Conformidad a Derecho del proyecto de remodelación de la plaza", ha argumentado el documento del Tribunal. La Carrasca-Ecologistas en Acción cree que hubiera sido temerario llevar a cabo el proyecto para luego tener que rehacerlo y perder tiempo y dinero. "Pedimos que el Gobierno municipal cumpla la obligación legal de exigir las responsabilidades patrimoniales de las autoridades y técnicos que permitieron la ejecución de un proyecto de aparcamiento manifiestamente ilegal. Los platos rotos no los debe pagar el pueblo de Alcoy, sino los responsables " han señalado desde el grupo ecologista.