Artículo de opinión de Fernando Merlo González, Acción Institucional UPyD 'La Montaña'. En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 26 de julio de 2013, nº 141, páginas 36 y 37, se publicó un Edicto por el que quedaba definitivamente aprobado el Presupuesto General de la Mancomunitat de municipis de L’Alcoià i El Comtat para el presente ejercicio 2013. Sobre un total de 205.964 €, la Mancomunidad tendrá un gasto de 106.922 € en personal, es decir, el 51,91% de su presupuesto; cifra a la que probablemente tengamos que sumar, para el mantenimiento de esta administración, alguna cantidad de otras partidas. Considero que nos encontramos ante un nuevo desatino de nuestros gobernantes: la creación de una administración más que sólo sirve para aumentar el gasto y provocar más confusión, y que se suma a las cinco ya existentes, a saber, el Ayuntamiento, la Diputación, la Comunidad Autónoma, el Estado, y la Unión Europea (con sus respectivos concejales, diputados provinciales, autonómicos, nacionales y europeos, sus respectivos gobiernos, sus respectivas estructuras administrativas, y un sinfín de cargos de confianza). Además, la Mancomunidad nace con un déficit democrático sustancial, aspecto que también caracteriza a las Diputaciones Provinciales, y es que sus dirigentes no son elegidos directamente por los ciudadanos. ¿Alguien sabe cómo se eligen los diputados provinciales? ¿Algún ciudadano ha votado a nuestro President de la Mancomunidad? ¿Por qué este President de la Mancomunidad y no otro? Por si todo esto no fuera suficiente, la legislación actual permite mancomunar servicios entre los diferentes ayuntamientos sin tener que crear una nueva estructura administrativa. Las cosas claras, cualquier actuación que realice la Mancomunitat de municipis de L’Alcoià i El Comtat la pueden realizar esos mismos ayuntamientos sin que exista la nueva administración. Se ponen de acuerdo, firman los convenios de colaboración correspondientes entre los diferentes ayuntamientos y a funcionar. Este tipo de actuaciones ya se están realizando y no solo no suponen un gasto extra sino que permiten ahorrar. La creación de una nueva administración es un dispendio que no se pueden pagar los ciudadanos, es un lujo de los partidos políticos y para los partidos políticos. Frente a estas actuaciones existen propuestas sensatas y racionales que le piden más al impuesto y menos al ciudadano, me estoy refiriendo a la propuesta de reforma del conjunto de las administraciones españolas que plantea Unión Progreso y Democracia (UPyD) y cuyas líneas maestras son: eliminar todas las Diputaciones Provinciales; fusionar los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, atención, eso no significa que desaparezcan ni los pueblos ni los municipios lo que se hace es unificar la administración de esos pueblos, está demostrado que funciona y que se mantienen las identidades, así lo ha hecho Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX; suprimir las duplicidades entre administraciones y las denominadas competencias impropias; homologar y cerrar las competencias de todas las Comunidades Autónomas, ya que asistimos a un auténtico laberinto de competencias transferidas o no; eliminar los privilegios fiscales que todavía mantienen el País Vasco y Navarra cuya existencia es más propia de una monarquía del Antiguo Régimen que de un estado democrático como el nuestro; asumir las competencias de sanidad, educación y justicia por parte del Estado, economizando los recursos y garantizando la igualdad de todos los españoles en estos servicios claves del estado del bienestar y del estado de derecho; y por supuesto, reforma de la Ley Electoral que permita que todos los votos tengan el mismo valor. Ante estas propuestas los partidos del sistema (PP, PSOE, IU y nacionalistas) afirman con cierta prepotencia y bastante desprecio que no se puede hacer nada, que las cosas ya están así, que es imposible que una competencia transferida del Estado a las Comunidades Autónomas vuelva al Estado, etc. y tachan a todo el que se atreva a poner en cuestión el sistema de reaccionario, llegando a establecer la máxima por la que sólo se es demócrata si se acepta este estado de cosas. Y hay que reconocer que han tenido éxito, en numerosas ocasiones he compartido estas inquietudes con muchas personas, pero en casi todos los casos decían lo mismo, no se puede hacer nada, es imposible cambiar el sistema. Lo que ha sucedido es que nos han hecho olvidar una cuestión fundamental, que la soberanía recae en el pueblo español y que sí es posible cambiar las estructuras del Estado, para ello sólo debe desearlo el pueblo, porque no lo olvidemos el pueblo es el que manda, no los partidos políticos. Sí, si el pueblo soberano español lo decide, estos cambios son posibles, ¡y tanto que lo son!