David Sabido Bustos. Coordinador Comarcal de UPyD l´Alcoià, Comtat i la Foia de Castalla.Unión Progreso y Democracia ha presentado un estudio, en el que se demuestra que el modelo autonómico que vivimos, supone un “sobre coste” de 26.000 millones de euros. Este sobre coste es el resultado del exceso de gasto, por la duplicidad en las funciones y el gasto superfluo y evitable. Este estudio, publicado por la Fundación Progreso y Democracia, puede encontrarse en el libro “El coste del Estado Autonómico”. Estos  26.000 millones de euros, los divide en dos tipos de gasto. Los que llama “gastos evitables” y “gastos inevitables”. Como “gastos evitables”, destaca los diversos medios de comunicación autonómicos, que en 2008 arrastraban una deuda de 1.600 millones de euros; la proliferación de organismos público – privados (entre 2003 y 2008 se ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas); órganos públicos duplicados, como el defensor del pueblo, institutos meteorológicos, delegaciones comerciales en el extranjero, tribunales de cuentas, oficinas antifraude, etc. En lo que se refiere al “gasto inevitable”, y que podemos aplicar a Gobiernos autonómicos, consejerías y parlamentos regionales, etc., se observa un gasto desproporcionado. Como ejemplo, destacar que el parlamento Catalán, con 135 parlamentarios, supone un coste por diputado de 505.926€, lo que significa prácticamente el doble del gasto de un diputado del Congreso que, con 350 escaños, asciende a 280.000€. A todo esto se le suma el fraccionamiento regulatorio. En el actual modelo autonómico nos encontramos con más de 100.000 normas vigentes entre las distintas administraciones. En su mayoría, estas normas incurren en la duplicidad de funciones, ya que no se observan diferencias apreciables entre ellas. En muchos casos esta legislación imposibilita la unidad de mercado, la movilidad laboral, complica que las empresas puedan migrar de una comunidad a otra, amén de desincentivar el traslado de sus trabajadores, con problemas añadidos como los modelos lingüísticos educativos, los requisitos lingüísticos en la función pública, etc. Es también destacable el aumento en los gastos de personal y de funcionamiento de las administraciones autonómicas. En los últimos veinte años, el número de empleados de la administración central ha pasado de 1.308.692 en el año 1990 a 575.021 en 2009. Sin embargo, el número de empleados públicos autonómicos ha pasado de 514.273 en 1990 a 1.332.844 en el año 2009, debido principalmente al traspaso de competencias como la sanidad y la educación. En eficiencia del gasto, nuestra Comunidad Valenciana, al igual que la Comunidad Autónoma de Cataluña, se consideran comunidades “estancadas” y  esto es así por ser comunidades deficitarias en cuanto a personal público y con un bajo crecimiento del producto interior bruto. En resumen, con el “sobre coste” de 26.000 millones de euros que supone el actual modelo autonómico, de corregirse, se podrían cubrir los intereses de la deuda anual de nuestro país, que ascienden a la misma cifra. Las Comunidades Autónomas se han arrogado las potestades de un “miniestado”, asumiendo servicios y competencias que, en definitiva, reproducen de manera innecesaria la estructura del Gobierno de España. Esta situación debería conducir al replanteamiento, en lo que a modelo de Estado se refiere, pues las cifras demuestran que el actual modelo de las autonomías, es insostenible a medio/largo plazo. David Sabido Bustos Coordinador Comarcal de UPyD l´Alcoià, Comtat i la Foia de Castalla.