Artículo de opinión de Fernando Merlo, responsable de Acción Institucional UPyD La Montaña.
En el último barómetro del CIS de septiembre de 2013, “La corrupción y el fraude” y “Los políticos en general, los partidos y la política” son considerados para un 14’1% y para un 11’2% de los españoles, respectivamente, el principal problema que existe actualmente en España. Este estado de opinión no hace justicia a tantos y tantos ciudadanos honrados que hacen política y están en política, pero lo cierto es que está generalizado. Pienso que esta situación responde, entre otras, a dos circunstancias objetivas: en primer lugar, a la proliferación de casos de corrupción protagonizados por políticos en todos los niveles de la administración, algo que a estas alturas del viaje nadie es capaz de negar; y en segundo lugar, a la falta de transparencia y de medidas disuasorias en la gestión de los recursos públicos. La solución al primer problema pasa por dejar que actúe la justicia y que, como corresponde a un estado de derecho, caiga quien tenga que caer, siendo la conducta que se debe esperar de los políticos la de máxima colaboración y apoyo a la función jurisdiccional. La solución a la segunda cuestión pasa por dotar de la máxima transparencia a la gestión de nuestros gobernantes, transparencia que por sí sola puede contribuir a limpiar la imagen de nuestros políticos y a frenar las ambiciones de los posibles “conseguidores” que puedan pulular por nuestras administraciones. En esta línea, a nivel local y para dotar de mayor transparencia al Ayuntamiento de Alcoy podríamos acudir a un procedimiento denominado AUDITORÍA EXTERNA, se trata de un proceso auditor externo de la administración local en su conjunto (procesos de contratación tanto de personal como de obras, licitaciones, tesorería y contabilidad del Consistorio). La auditoría externa es una promesa del PSPV, EU-Entesa y BLOC-Compromís establecida en el “Acord per a un govern progresista a l’ajuntament d’Alcoi” firmado el 8 de junio de 2011, no cuesta tanto como nos podemos pensar y no alcanzo a saber por qué no se quiere realizar. Una auditoría externa de los últimos cuatro años (y cinco si es posible técnicamente) realizada en el 2014 nos daría luz suficiente para saber cómo se han hecho las cosas en el 2013, 2012, 2011, 2010 y, si es posible, en el 2009, y cómo podemos mejorarlas; además, el estudio se realizaría sobre los gobiernos de dos alcaldes de diferente partido político con lo que podríamos comparar sus gestiones y comprobar si son ciertos los reproches mutuos que se lanzan. Si a esto le añadimos un compromiso público de realizar estas auditorías externas con una periodicidad fija cada dos o tres años el resultado sería por sí sólo un elemento disuasorio enorme; es decir, los posibles “conseguidores” se lo pensarían más antes de actuar. Realmente no lo veo tan complicado, sólo hace falta voluntad política.
En el último barómetro del CIS de septiembre de 2013, “La corrupción y el fraude” y “Los políticos en general, los partidos y la política” son considerados para un 14’1% y para un 11’2% de los españoles, respectivamente, el principal problema que existe actualmente en España. Este estado de opinión no hace justicia a tantos y tantos ciudadanos honrados que hacen política y están en política, pero lo cierto es que está generalizado. Pienso que esta situación responde, entre otras, a dos circunstancias objetivas: en primer lugar, a la proliferación de casos de corrupción protagonizados por políticos en todos los niveles de la administración, algo que a estas alturas del viaje nadie es capaz de negar; y en segundo lugar, a la falta de transparencia y de medidas disuasorias en la gestión de los recursos públicos. La solución al primer problema pasa por dejar que actúe la justicia y que, como corresponde a un estado de derecho, caiga quien tenga que caer, siendo la conducta que se debe esperar de los políticos la de máxima colaboración y apoyo a la función jurisdiccional. La solución a la segunda cuestión pasa por dotar de la máxima transparencia a la gestión de nuestros gobernantes, transparencia que por sí sola puede contribuir a limpiar la imagen de nuestros políticos y a frenar las ambiciones de los posibles “conseguidores” que puedan pulular por nuestras administraciones. En esta línea, a nivel local y para dotar de mayor transparencia al Ayuntamiento de Alcoy podríamos acudir a un procedimiento denominado AUDITORÍA EXTERNA, se trata de un proceso auditor externo de la administración local en su conjunto (procesos de contratación tanto de personal como de obras, licitaciones, tesorería y contabilidad del Consistorio). La auditoría externa es una promesa del PSPV, EU-Entesa y BLOC-Compromís establecida en el “Acord per a un govern progresista a l’ajuntament d’Alcoi” firmado el 8 de junio de 2011, no cuesta tanto como nos podemos pensar y no alcanzo a saber por qué no se quiere realizar. Una auditoría externa de los últimos cuatro años (y cinco si es posible técnicamente) realizada en el 2014 nos daría luz suficiente para saber cómo se han hecho las cosas en el 2013, 2012, 2011, 2010 y, si es posible, en el 2009, y cómo podemos mejorarlas; además, el estudio se realizaría sobre los gobiernos de dos alcaldes de diferente partido político con lo que podríamos comparar sus gestiones y comprobar si son ciertos los reproches mutuos que se lanzan. Si a esto le añadimos un compromiso público de realizar estas auditorías externas con una periodicidad fija cada dos o tres años el resultado sería por sí sólo un elemento disuasorio enorme; es decir, los posibles “conseguidores” se lo pensarían más antes de actuar. Realmente no lo veo tan complicado, sólo hace falta voluntad política.
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