Sobre el proyecto de restauración de La Rosaleda. [caption id="attachment_87343" align="alignleft" width="300"] La Rosaleda sigue trayendo polémica desde el momento de su reforma[/caption] La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi ha emitido un comunicado haciéndose eco de la nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia valenciano, el TSJ, que según la asociación “evidencia que el proyecto de restauración de La Rosaleda previsto tendrá que modificarse en profundidad”. El Tribunal Superior de Justicia, explica el comunicado “considera que, como no hay un proyecto definitivo de ejecución de la sentencia que obliga a reponer la zona verde, no puede emitir un juicio sobre las peticiones planteadas tanto por la empresa que explota el aparcamiento de la Plaza La Constitución como por La Carrasca. No nos consta todavía un proyecto definitivo del Ayuntamiento que pudiera enjuiciarse”, según el TSJ. No obstante, el TSJ sí ha aclarado que algunas de las cuestiones que según La Carrasca “pese a su obviedad eran controvertidas. Nos da la razón y deja claro que las superficies que se pueden pisar no pueden computarse dentro del área mínima de capa de tierra con ajardinamiento que se requiere en esta zona verde”. En cuanto a los problemas de estabilidad y seguridad denunciados por la empresa, el Tribunal afirma que “todo proyecto de obra la para la ejecución de la sentencia ha de observar las exigencias legales en materia de seguridad”. Por último, La Carrasca-Ecologistes en Acció ha valorado positivamente las decisiones del Tribunal puesto que “confirman que las críticas al proyecto seleccionado por el Ayuntamiento eran fundamentadas. Este debe reformarse con profundidad y esperamos que se tengan en cuenta estas aclaraciones del TSJ  para de una vez por todas se elabore un proyecto de remodelación de cumpla la sentencia, sin que se haya de volver a modificar”. A la que vez que añaden que se deben exigir responsabilidades, “no nos cansaremos de decir que se permitió ejecutar un proyecto de aparcamiento ilegal y los platos rotos los han de pagar sus responsables y no el pueblo de Alcoy”.