El Gobierno Municipal pedirá responsabilidades políticas.
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La Rosaleda[/caption]
La UTE formada por las empresas Ortiz e Hijos y Auplasa deberá pagar el 50% de las reformas del parking de La Rosaleda. Unas obras que fueron aprobadas en el Pleno de septiembre de 2001 y declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2005.
Un juez ha dictaminado que debe ser la UTE la encargada de pagar la mitad del proyecto valorado en 590.000 euros. Las empresas Ortiz e Hijos y Auplasa abonarán por lo tanto la cantidad de 275.000 euros.
La ley fija que no se pueda pagar más de 5 veces el coste del proyecto.
Sin embargo, el Gobierno Municipal pretende ir más lejos y ha informado que iniciará los trámites para exigir responsabilidades políticas a los 13 concejales, 12 del Partido Popular y 1 del Grupo Mixto, que votaron a favor del proyecto en el Pleno de 2001. El alcalde en aquel entonces era Miguel Peralta.
PSOE y Nova Esquerra decidieron abstenerse, mientras que EU votó en contra.
La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha explicado que el primer responsable es Rafa Miró, puesto que fue él el quien llevó el proyecto a Junta de Gobierno.
De esta forma, el Ayuntamiento abrirá un expediente de responsabilidad patrimonial para que sean dichos políticos los que se hagan cargo del resto de la cantidad económica, 315.000 euros.
Zamorano ha apuntado que los informes técnicos fueron obra de técnicos de fuera del Ayuntamiento.
El alcalde Toni Francés ha informado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha rechazado el recurso de Ortiz e Hijos y Auplasa y ha asegurado que el Ayuntamiento se dará prisa para acatar la sentencia.
Cabe recordar que la Colla Ecologista La Carrasca y el Ayuntamiento se han enfrentado por La Rosaleda debido a discrepancias con la superficie de ajardinada.
PASTOR: “SE TRATA DE UNA ESTRATEGIA PARA DESVIAR LOS PROBLEMAS”
Desde el Partido Popular están convencidos que se trata de una estrategia del Gobierno Municipal para desviar los problemas de la ciudad.
El portavoz del PP, Fernando Pastor, ha explicado que ya están acostumbrados a que el Gobierno Municipal utilice temas del pasado para esconder y justificar que no son capaces de resolver los problemas del presente, ni tampoco ofrecer nada atractivo de cara al futuro.
Los populares han defendido la actuación de quienes formaban gobierno en 2001 asegurando que no se actuó de mala fe y “nunca se tramitó el expediente sin el favorable de los técnicos municipales".
Desde el PP han animado al Gobierno Municipal a que se estiren un poco más en el tiempo, tres años concretamente, y reclamen responsabilidades patrimoniales a quienes aprobaron y concedieron la licencia de obras de la Llotja de Sant Jordi.
“Un edificio que nunca podrá ser legalizado y que, en teoría y con la ley en la mano, debería estar cerrado al público. La Llotja tuvo un coste de más de 1.000 millones de pesetas y 15 años después de su finalización, todavía hoy no tiene licencia de actividad ya que incumple varias normativas” ha manifestado Pastor.
La Rosaleda[/caption]
La UTE formada por las empresas Ortiz e Hijos y Auplasa deberá pagar el 50% de las reformas del parking de La Rosaleda. Unas obras que fueron aprobadas en el Pleno de septiembre de 2001 y declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2005.
Un juez ha dictaminado que debe ser la UTE la encargada de pagar la mitad del proyecto valorado en 590.000 euros. Las empresas Ortiz e Hijos y Auplasa abonarán por lo tanto la cantidad de 275.000 euros.
La ley fija que no se pueda pagar más de 5 veces el coste del proyecto.
Sin embargo, el Gobierno Municipal pretende ir más lejos y ha informado que iniciará los trámites para exigir responsabilidades políticas a los 13 concejales, 12 del Partido Popular y 1 del Grupo Mixto, que votaron a favor del proyecto en el Pleno de 2001. El alcalde en aquel entonces era Miguel Peralta.
PSOE y Nova Esquerra decidieron abstenerse, mientras que EU votó en contra.
La concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha explicado que el primer responsable es Rafa Miró, puesto que fue él el quien llevó el proyecto a Junta de Gobierno.
De esta forma, el Ayuntamiento abrirá un expediente de responsabilidad patrimonial para que sean dichos políticos los que se hagan cargo del resto de la cantidad económica, 315.000 euros.
Zamorano ha apuntado que los informes técnicos fueron obra de técnicos de fuera del Ayuntamiento.
El alcalde Toni Francés ha informado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha rechazado el recurso de Ortiz e Hijos y Auplasa y ha asegurado que el Ayuntamiento se dará prisa para acatar la sentencia.
Cabe recordar que la Colla Ecologista La Carrasca y el Ayuntamiento se han enfrentado por La Rosaleda debido a discrepancias con la superficie de ajardinada.
PASTOR: “SE TRATA DE UNA ESTRATEGIA PARA DESVIAR LOS PROBLEMAS”
Desde el Partido Popular están convencidos que se trata de una estrategia del Gobierno Municipal para desviar los problemas de la ciudad.
El portavoz del PP, Fernando Pastor, ha explicado que ya están acostumbrados a que el Gobierno Municipal utilice temas del pasado para esconder y justificar que no son capaces de resolver los problemas del presente, ni tampoco ofrecer nada atractivo de cara al futuro.
Los populares han defendido la actuación de quienes formaban gobierno en 2001 asegurando que no se actuó de mala fe y “nunca se tramitó el expediente sin el favorable de los técnicos municipales".
Desde el PP han animado al Gobierno Municipal a que se estiren un poco más en el tiempo, tres años concretamente, y reclamen responsabilidades patrimoniales a quienes aprobaron y concedieron la licencia de obras de la Llotja de Sant Jordi.
“Un edificio que nunca podrá ser legalizado y que, en teoría y con la ley en la mano, debería estar cerrado al público. La Llotja tuvo un coste de más de 1.000 millones de pesetas y 15 años después de su finalización, todavía hoy no tiene licencia de actividad ya que incumple varias normativas” ha manifestado Pastor.



















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