Se pedirá que se paralice y anule la Ley sobre la administración local del PP.
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La concejala Lorena Zamorano, secretaria de política municipal del PSOE de Alcoy[/caption]
La ejecutiva local del Partido Socialista de Alcoy ha aprobado pedir al Tribunal Constitucional que paralice y anule la reforma de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Desde el partido se explica que "se trata de una ley aprobada a golpe de mayoría absoluta del PP que lesiona la autonomía local, garantizada por la Constitución en sus artículos 137 y 140. Con esta ley se quita a los municipios determinados servicios mínimos obligatorios, pasando estos servicios de estar prestados por el Ayuntamiento a manos privadas, situando a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia jerárquica. En lugar de mejorar la eficiencia y ahorro, se multiplicará el gasto, al potenciar las duplicidades".
Lorena Zamorano, secretaria de política municipal de la ejecutiva socialista explica que "no se la primera vez que se recurre una ley al Tribunal Constitucional, pero si será la primera ocasión que lo hagan conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda España, que representan a 15 millones de ciudadanos en un proceso complejo que requerirá un esfuerzo sin precedentes".
El texto acordado se presentará al Pleno del mes de febrero.
La concejala Lorena Zamorano, secretaria de política municipal del PSOE de Alcoy[/caption]
La ejecutiva local del Partido Socialista de Alcoy ha aprobado pedir al Tribunal Constitucional que paralice y anule la reforma de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Desde el partido se explica que "se trata de una ley aprobada a golpe de mayoría absoluta del PP que lesiona la autonomía local, garantizada por la Constitución en sus artículos 137 y 140. Con esta ley se quita a los municipios determinados servicios mínimos obligatorios, pasando estos servicios de estar prestados por el Ayuntamiento a manos privadas, situando a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia jerárquica. En lugar de mejorar la eficiencia y ahorro, se multiplicará el gasto, al potenciar las duplicidades".
Lorena Zamorano, secretaria de política municipal de la ejecutiva socialista explica que "no se la primera vez que se recurre una ley al Tribunal Constitucional, pero si será la primera ocasión que lo hagan conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda España, que representan a 15 millones de ciudadanos en un proceso complejo que requerirá un esfuerzo sin precedentes".
El texto acordado se presentará al Pleno del mes de febrero.

















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