Una comisión técnica multidisciplinaria será la encargada de interpretar los parámetros establecidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para poder plasmarlos en las bases de licitación de la redacción del proyecto de reforma de la Rosaleda.

Esta comisión la constituirá la concejalía de contratación y la integrarán los departamentos de ingeniería, medio ambiente, obras y servicios, arquitectura y el gabinete jurídico.

Todos ellos se encargarán de fijar los criterios básicos que ha de tener el proyecto de reforma de la Plaza de la Constitución para adaptarse a la legalidad.

 La intención del equipo de gobierno es poder licitar la redacción del proyecto este año y dejar para el próximo la ejecución de la obra. Según la concejala Lorena Zamorano, “debemos postergar más en el tiempo por cuestiones presupuestarias un problema que arrastramos los alcoyanos desde 2001”.

La voluntad es cumplir la sentencia, con el menor coste posible, aunque al contemplar soluciones que pasar por adecuar la rasante y la zona verde a los parámetros fijados por el PGOU, se incrementará el presupuesto actual de forma considerable.

Además contratación ha invitado a la Colla Ecologista La Carrasca a participar en todo el proceso, aunque el grupo ecologista ha preferido mantenerse al margen.