Una madre de acogida de Alcoy se ha rebelado contra la administración. Tiene claro que ella y su hija menor están siendo víctimas de una situación injusta, que se ha sentido coaccionada y está luchando contra ello. La Conselleria de Bienestar Social ha decidido quitarle la custodia de una de las dos niñas que tiene en acogida y está haciendo y hará todo lo posible para evitarlo.

Tanto ella, que debe permanecer en el anonimato por seguridad, al igual que los nombres de las menores acogidas, como su abogado, José Gabriel Ortolá Dinnbier, especialista en casos de familia en Valencia, han visitado pagina66.com para explicar en qué momento se encuentra tan dramática situación.

El pasado fin de semana, “ha sido el peor fin de semana de mi vida”, ha afirmado la madre, pues ha tenido que entregar a su hija de acogida de 3 años y medio a dos técnicos de la Conselleria, quienes acompañados por dos policías nacionales, se presentaron en su casa, realizándose finallmente la entrega en la residencia comarcal de ‘El Teix’.

La propia afectada ha relatado que “me vi obligada a entregar a la niña pues me han amenazado con cesar el acogimiento mantenido con la mayor, me he sentido coaccionada, apercibida incluso de incurrir en un delito de desobediencia y de quebramiento de custodia. No las he parido pero para mi son mis hijas. He tenido que entregar a una en contra de mi voluntad, en parte para proteger a la otra”.

Se ha creado una plataforma de apoyo a su causa, impulsada por personas cercanas a ella, que en pocos días lleva ya recogidas 1.400 firmas desde toda España y de puntos como Londres, París, Estocolmo o países como Ecuador, Brasil o Chile. Para consultar la web de esta plataforma donde se puede firmar pinchar aquí.

Su abogado ha explicado el caso de su defendida, “tiene a dos niñas en acogida como familia educadora, una de 10 años, que lleva ya seis viviendo con ella y otra de tres y medio que ha cuidado desde los nueve meses. El acogimiento de las dos menores les ha reportado los mejores efectos a ambas menores. Tanto es así, y eso es lo más extraño del caso, que en mayo de 2013 desde la propia administración le plantean la adoptabilidad de la pequeña".

El letrado ha añadido que "mi cliente da el visto bueno y tenemos escritos suscritos por la propia directora general del menor de la Conselleria de Biestar Social, Rosa Aragonés, y por el director territorial de Alicante, Álvaro Prieto, en los que se acuerda efectuar dos diligencias. Una recabar de la propia acogedora su asentimiento para adoptar a la pequeña, dando su consentimiento, y otra pedir informes a sus propios técnicos, como Miguel Figueres, jefe de sección de familia y adopciones, y de la Asociación Arcos de Altea, que, por un concierto con la administración, se dedica a hacer seguimientos de los acogimientos en Alicante. Ambos informes resultan favorables a mi defendida respecto a la idoneidad de que ella pueda adoptar a la pequeña, de mantener a la niña con su madre de acogida. Los informes hablan de la relación existente entre ambas en términos como estabilidad, normalidad, apego, seguridad, protección, confianza de la niña con su madre de acogida. E incluso llegan a advertir los propios técnicos de Conselleria del riesgo para la menor en caso de separarla de su familia de acogida, pues le podría impedir establecer en un futuro nuevas relaciones de apego seguras”.

Lo más extraño de todo explican que ha sido cuando “la comisión de adopciones, de repente, actúa sorprendentemente en contra de todos estos informes y, sin más, le comunican a mi cliente que no solo no le darán la adopción, sino que le van a quitar la acogida y que la pequeña irá con otra familia a la que también le han dado en adopción a su hermana biológica recién nacida”.

Según José Gabriel Ortolá, “esta decisión resulta incomprensible y atenta frontalmente con el interés de la menor que ha sido concretado y reconocido por los propios técnicos. Nadie en Conselleria puede mostrar un documento suscrito por un técnico en psicología, educación social o trabajo social que exprese que esta medida es justa para el interés de la niña. Además resulta lamentable el modo de actuar de la administración, a las bravas, esquivando los procedimientos legales, sin medidas judiciales, sin notificaciones por escrito, sin resoluciones judiciales para ejecutar una decisión que no es firme, que está recurrida. Se ha buscado primero actuar y luego notificar. Se presentan en casa de la madre y antes en el colegio de la niña pidiéndole que se la entregue”.

Para el abogado "no merecemos una administración que actúe de esa manera porque inspira muy poca confianza y resulta un pésimo ejemplo para el ciudadano, quien sí debe atender y seguir de forma escrupulosa los procedimientos judiciales y esperar pacientemente a su resultado".

Frente a esta decisión de la administración, la afectada y su presentaban una medida cautelar atendida por la jueza del juzgado número 10 de Alicante para que este cese del acogimiento no se produjese, declarando dejar sin efecto esta medida de la administración, sentenciando la jueza a favor de la alcoyana, reconociendo el verdadero interés de la niña al decidir que se quedase con su madre de acogida. “La sentencia pone por encima el interés de la niña respecto a criterios como el de la agrupación familiar o la diferencia de edad, e incluso va más allá la sentencia y habla de dejar sin efecto el cese del acogimiento, incluso abriendo la posibilidad de pasar a una situación preadoptiva de mi cliente, optar a una pronta adopción".

Sin embargo, sigue relatando el abogado "la administración apela contra la sentencia siendo estimado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Alicante y su resolución es favorable a ellos. No tiene en cuenta para nada el principio básico del interés de la menor y se basa en errores administrativos puntuales o en aspectos como la edad que no habían sido considerados anteriormente y llega a decir que se desconoce cual es el interés de la menor, despreciando los vínculos existentes pese a que afirma que son perfectos y no tiene claro que la pequeña pueda crear nuevos vínculos en el futuro”.

Ante esta sentencia negativa, tanto la madre como su abogado tienen claro cual es la siguiente medida, que han realizado “hemos acudido al Tribunal Supremo de Madrid, poniendo un recurso de casación e infracción procesal para evitar esta medida. En el mejor de los casos de tener un trámite preferente hablaríamos de ocho meses para resolverse y en el peor serían hasta tres años”.

Pese a ello, al estar pendiente de un recurso, madre y abogado han denunciado que “la administración ha actuado con formas y medios brutales sobre todo para la niña, con engaños, presentación de denuncias infundadas, en concreto con la posibilidad de quitarle a mi cliente la custodia de su otra hija mayor de acogida, en caso de no ser dócil y de negarse a entregar a la pequeña. Por ello se ha visto obligada a hacerlo. Ahora estamos estudiando una serie de acciones judiciales contra la administración por su forma de actuar, por vía civil y penal, y sobre todo pedir un régimen de comunicación de su madre con la pequeña que desde este fin de semana está con otra familia desconocida por completo para ella”.