El Juzgado del contencioso administrativo núm. 3 de Alicante obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 4,2 millones de euros al grupo de empresas de Enrique Ortiz después de que el Consistorio llevara a cabo la resolución del contrato de la construcción del Bulevar por incumplimiento de contrato, al no cumplir la empresa contratista con el pliego de condiciones y proponer un sobrecoste del 30% al establecido.

La empresa contratista interpuso una demanda siendo que el Juzgado del contencioso administrativo núm. 3 de Alicante, en primera instancia la estimó, condenando al Ayuntamiento de Alcoy a volver los avales incautados por valor de 543.493 euros además de 3’43 millones de euros de indemnización de principal más intereses.

No obstante, esta resolución estuvo recurrida por el Ayuntamiento ante el TSJ. A pesar de no tener sentencia firme, Ortiz pidió la ejecución provisional de la sentencia, que el Juzgado ha autorizado y obliga ahora al Ayuntamiento a hacer frente al pago de 3’9 millones de euros más 375.000 euros de intereses eximiendo al contratista de garantizar la devolución en caso de que la sentencia del TSJ finalmente de la razón al Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO PIDE UN PLAN DE PAGOS

El Ayuntamiento de Alcoy se ha visto obligado a solicitar al Juzgado la aprobación de un plan de pagos para poder hacer frente a esta resolución provisional.

Se trata de una propuesta de fraccionamiento que permitirá, en el supuesto de que el juzgado lo acepte, no tener que incumplir otras obligaciones económicas ya comprometidas atendiendo a servicios públicos necesarios.

El plan de pago propuesto sería de 734.443’90 euros en 2015 mediante una modificación de crédito del presupuesto y 812.035,88 euros los en próximos cuatro años. Unas partidas que se incorporarían en los presupuestos.

La concejala de Patrimonio y Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha explicado que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para poder hacer frente al pago en esta anualidad.

“Además de las limitaciones presupuestarias propias, tenemos que tener en cuenta que estamos con presupuesto prorrogado sin ninguna partida específica para hacer frente a este pago. Hay servicios públicos para gestionar y otras obligaciones de carácter financiero que la ley obliga a cumplir” ha asegurado Zamorano

La edil ha señalado que el plan de pago garantiza que el contratista pueda verse resarcido con lo que exige la sentencia sin que se vean gravemente afectadas, ni desatendidas las obligaciones y servicios públicos municipales.