Guanyar Alcoi ha dado una rueda de prensa en la que se ha mostrado preocupado por el futuro de la ubicación de los juzgados.

Los concejales Estefanía Blanes y Cristian Santiago han leído textualmente declaraciones en prensa y en el Salón de Plenos del actual alcalde Antonio Francés hace unos años en las que dejaba claro que la obra del nuevo juzgado en la plaza Mare de Déu era ilegal.

La preocupación de su grupo viene respecto al hecho de que todo parece indicar que en la reunión del jueves 18 entre el alcalde y la consellera Gabriela Bravo se puede llegar a un acuerdo para el traslado.

Para ello han citado frase de Francés dichas el 25 de marzo de 2013 o en el Pleno del 26 de noviembre de 2010. Según Blanes “como siempre nos hemos enterado por la prensa pero todo parece indicar que habrá un acuerdo para el traslado. Se nos venderá que por fin se pone solución al problema, pero nos tememos que se pasará por alto la ilegalidad de la solución. El edificio de la Mare de Déu es una más de las ‘barrabasadas’ del anterior gobierno de Sedano y como decía Francés hace unos años y nosotros seguimos diciendo, es ilegal”.

Santiago ha recordado que “se trata de un proyecto de nuevo con sobrecostes pasando de 1 a 3’5 millones por la obra, mientras que si sumamos todos estos años de paralizaciones estaríamos hablando ya de 5’6 millones de euros. Se trata de un dinero aportado por todos los alcoyanos y alcoyanas para la obra de un edificio cuyas competencias no son locales sino de la administración autonómica. Por ello un Ayuntamiento no puede actuar en un lugar que luego no se harán actividades de su competencia. Al tiempo no ha habido ningún tipo de convenio firmado, por lo que no podrá pasarnos como en Ibi donde al final se le dio la razón al Ayuntamiento pues allí sí había convenio”.

Ambos concejales han hecho hincapié en otro aspecto importante como es el de la permuta de terrenos. “Es algo que no puede producirse dado que la actual ubicación de los terrenos del Juzgados fueron cedidos por la ciudad de Alcoy en 1976 mientras fueran juzgados y que si esa actividad finalizase volverían los terrenos a ser de propiedad municipal.

Por último, han llegado a la conclusión de que “si llegan a un acuerdo de traslado estarán poniendo la guinda al pastel de la ilegalidad. Nosotros pedimos que se encuentre una solución pero que sea de forma legal y sobre todo que la ciudad no tenga que pagar algo durante muchos años cuando el gasto ha de ser de Conselleria. Si ese pago se produjese no estaríamos en contra del traslado, aunque los profesionales del derecho sabemos que consideran que no es el lugar adecuado. Además pedimos que los responsables de esta ilegalidad lo paguen y que no pase como siempre que no hay nunca culpables”.

Para ello, Guanyar Alcoi hará un ruego en el próximo Pleno para que el Ayuntamiento pida un dictamen al Consell Jurídic Consultiu’ para que investigue estas ilegalidades y en caso de comprobarlas, los acuerdos a los que se podrían llegar el jueves serían nulos según esta formación.

Página 66 ha anunciado este posible acuerdo en primicia esta reunión entre la consellera Gabriela Bravo y el alcalde en la que muy posiblemente se dé una solución definitiva a la ubicación con el traslado a la nueva sede.