La ubicación de los juzgados en Alcoy es uno de los numerosos culebrones políticos que afectan a esta ciudad como lo son La Rosaleda, Serelles o el Teatre Calderón, entre otros muchos.

En este caso nos remontamos hasta hace doce años, en 2004 cuando empezó a hablarse del proyecto de traslado del Juzgado siendo el exalcalde Miguel Peralta conseller de Justicia.

Fue en 2006, hace una década, cuando se aprobó el proyecto de rehabilitación de un antiguo edificio en la Plaza de la Mare de Déu, con un presupuesto de 1'1 millones de euros.

Posteriormente se tuvo que construir un edificio anexo por valor de otros 1'3 millones dadas las escasas dimensiones del primero para albergar todas las dependencias.

La obra ha costado en total más de 3 millones, a lo que hay que unir otros gastos posteriores como los intereses. Guanyar Alcoi hablaba de 5'3 millones.

El dinero ha sido pagado por el Ayuntamiento pese a ser un edificio para la Conselleria de Justicia y a lo largo de estos años se ha hablado de permutas o alquileres hasta que ha llegado este anuncio definitivo del traslado, aunque sin dar más detalles. Por ello el problema de los más de 3 millones sigue latente.

Como curiosidad el 16 de junio de 2010 ya se hablaba de un posible traslado de las dependencias al nuevo edificio. El entonces secretario autonómico Jorge Cabré visitó las obras el 11 de noviembre del mismo año y anunció que después de las elecciones se pondría en marcha el nuevo juzgado.

En febrero de 2011, el entonces candidato socialista Antonio Francés anunció tras un estudio que el proceso de los juzgados podría ser nulo mientras que pidió explicaciones al alcalde de ese momento, su predecesor, Jordi Sedano.

Ya como alcalde, Francés esperaba el 18 de abril de 2012 que en un mes el caso de los juzgados tuviese ya una solución, para negarse tres meses después a realizar el traslado.

Tres años atrás, la inspección de Trabajo daba un ultimátum por el estado en el que se encontraban las instalaciones, mientras que el mismo titular ahora publicado pero justo al contrario aparecía en hablaba que no se realizaría el traslado a la Plaça Mare de Déu, siendo el actual investigado Serafín Castellano, conseller de Justicia.

Se habló del alquiler como solución a la polémica e incluso se comentó que en este edificio se trasladaría la Policía Local, a lo que el SIPOL mostró de inmediato su oposición para barajarse otras alternativas al traslado.